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El Supremo levanta el castigo a Aldama y le devuelve el pasaporte para hacer negocios en Paraguay

El Supremo premia al comisionista del ‘caso Koldo’: Aldama podrá viajar al extranjero por negocios

En una decisión que genera perplejidad y cuestiona la firmeza de la justicia frente a la corrupción política, el Tribunal Supremo ha acordado este miércoles levantar las medidas cautelares que pesaban sobre el empresario Víctor de Aldama, figura central del ‘caso Koldo’. La Sala de lo Penal le devuelve el pasaporte y le autoriza a salir de España para atender una reunión de negocios en Paraguay, a pesar de haber sido condenado en uno de los mayores escándalos de la era Sánchez.

Víctor de Aldama fue sentenciado a 4,5 años de prisión, una pena que fue posteriormente suspendida gracias a su colaboración con la justicia. Ahora, antes incluso de que la ejecutoria de la sentencia sea una realidad, recupera su plena libertad de movimientos para continuar con su actividad empresarial internacional.

Una ‘consecuencia lógica’ que desafía al sentido común

La defensa de Aldama, ejercida por el letrado José Antonio Choclán, solicitó la devolución del pasaporte para un viaje de negocios, y el tribunal, presidido por el magistrado Andrés Martínez Arrieta, ha accedido. La justificación se encuentra en una providencia, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, que se ampara en un formalismo jurídico que choca frontalmente con la alarma social que genera la corrupción.

El auto argumenta que, aunque la ejecución de la sentencia está paralizada por recursos de otros implicados, la sentencia en sí misma es firme. Por tanto, razona el tribunal, «es consecuencia lógica del dictado de la misma […] el decaimiento de las medidas cautelares adoptadas en su momento». En la práctica, la burocracia procesal de unos sirve de salvoconducto para otros, permitiendo que el principal comisionista de la trama recupere privilegios antes de que se materialicen plenamente las consecuencias de sus actos.

El argumento del Supremo es que, una vez dictada una sentencia firme, las medidas cautelares previas, como la prohibición de salir del país, pierden su sentido. Sin embargo, esta interpretación se produce mientras la ejecución de dicha sentencia está en suspenso por «aclaraciones» y un «incidente de nulidad» planteado por otros condenados en la causa, como el exministro José Luis Ábalos.

Mientras la ejecución de la sentencia se retrasa por recursos de otros implicados en la trama, el principal comisionista ya tiene vía libre para operar fuera de España. La justicia, en la práctica, le permite reanudar su actividad empresarial antes de que las responsabilidades penales se hayan materializado por completo.

El mensaje a la ciudadanía: la corrupción puede salir rentable

La decisión envía un mensaje desolador a la sociedad española: la colaboración con la justicia en casos de corrupción no solo reduce penas, sino que acelera la vuelta a la normalidad de los condenados, permitiéndoles retomar sus negocios internacionales como si nada hubiera ocurrido. Se premia al comisionista que se lucró durante la peor crisis sanitaria del último siglo, mientras la percepción de impunidad se extiende entre los ciudadanos.

Este episodio evidencia, una vez más, las grietas de un sistema que parece más preocupado por las formas que por el fondo, y que permite a los protagonistas de los grandes escándalos de corrupción eludir las consecuencias más severas de sus acciones. Para Víctor de Aldama, el camino a Paraguay está despejado; para la confianza de los españoles en la justicia, el trayecto sigue lleno de obstáculos.

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