La condena por prevaricación a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha sido el último y más personal de los tres demoledores golpes judiciales que cercan a Pedro Sánchez. El círculo de confianza de Moncloa se resquebraja bajo el peso de las sentencias, pero lejos de asumir responsabilidades, la respuesta del Ejecutivo ha sido la de siempre: atrincherarse, negar la realidad y lanzar una ofensiva sin precedentes contra el Poder Judicial. El silencio del presidente, de viaje oficial en París, contrastaba con las caras largas y la furia contenida en las filas socialistas.
La Estrategia de Moncloa: Negación, Victimización y Ataque
En Ferraz y Moncloa no hay espacio para la autocrítica. La maquinaria de propaganda se ha activado para transformar una condena por corrupción en un supuesto ataque a la democracia. La estrategia es clara: negar cualquier desgaste, anunciar recursos que saben fútiles y acusar a los jueces de una persecución política. Fuentes gubernamentales, citadas por diversos medios, califican la sentencia de «injusta» y «barbaridad», un precedente peligroso que, según ellos, consiste en condenar a un «inocente» por el mero hecho de ser hermano del presidente.
«Es una barbaridad que se condene a un inocente sin pruebas. Hay segunda instancia en este país y esperamos que la justicia haga justicia. Confiamos en el TSJ de Extremadura».
– Fuentes del Gobierno, recogido por Libertad Digital (14/07/2026)
Esta narrativa ignora deliberadamente los hechos probados en la sentencia, que describe una «actividad criminal de despacho organizada en una corporación piramidal», según publica Libertad Digital. El Gobierno, sin embargo, prefiere hablar de lawfare sin mencionarlo, como admiten en privado: «No usamos la palabra lawfare, pero creemos que es una causa política cuyo único motivo de existencia es acosar y perseguir a la familia del presidente».
Los Tres Golpes Judiciales que Acorralan al Sanchismo
La condena a David Sánchez no es un hecho aislado, sino la culminación de una serie de reveses judiciales que afectan al núcleo duro del poder sanchista. Estos son los tres frentes que mantienen al Gobierno en vilo:
El entorno directo de Sánchez, bajo el foco de los tribunales por corrupción y abuso de poder.
- David Sánchez Pérez-Castejón: Condenado por la Audiencia de Badajoz a 9 años de inhabilitación por un delito de prevaricación continuada en su contratación ‘a dedo’ en la Diputación de Badajoz. La sentencia considera probado que se benefició de un proceso diseñado para él.
- Álvaro García Ortiz: El Tribunal Supremo confirmó su condena por desviación de poder en el nombramiento de su predecesora, Dolores Delgado, como fiscal de Sala. Una decisión sin precedentes contra un Fiscal General del Estado, figura clave para el Gobierno.
- José Luis Ábalos y el ‘Caso Koldo’: Aunque no está condenado, el exministro y mano derecha de Sánchez se encuentra políticamente sentenciado y judicialmente cercado por la trama de corrupción de las mascarillas que implica a su asesor más cercano. El caso ha destapado una red que operaba en el corazón del Gobierno durante la pandemia.
Del «Gobierno de la Regeneración» al Gobierno Atrincherado
Cada nueva resolución judicial pulveriza la imagen de ejemplaridad que Pedro Sánchez prometió al llegar al poder en 2018 tras la moción de censura. Aquel discurso sobre la regeneración democrática se ha convertido en una defensa cerrada de familiares, exministros y altos cargos investigados o condenados.
En 2018, Sánchez justificó la moción de censura en la «regeneración» y la «ejemplaridad». Hoy, su Gobierno se atrinchera para defender a condenados de su entorno más íntimo, afirmando que «no es motivo para que caiga este Gobierno».
La soberbia del Ejecutivo llega al punto de cuestionar el propio tipo penal. En un intento desesperado por exculpar al hermano del presidente, han llegado a argumentar que no puede cometer prevaricación quien no es funcionario, una tesis que choca frontalmente con la jurisprudencia.
El artículo 404 del Código Penal castiga a la «autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo». La sentencia contra David Sánchez considera que, aunque no era funcionario, fue un cooperador necesario en la prevaricación cometida por los cargos públicos que lo contrataron ilegalmente. La defensa del Gobierno ignora este matiz fundamental para construir su relato de persecución.
Mientras la erosión institucional se acelera, en Moncloa insisten en que nada cambia, que la legislatura no peligra y que su capacidad de acción está intacta. «No nos desestabiliza, ni desgasta, ni derroca«, aseguran. Una huida hacia adelante que evidencia un profundo desprecio por la separación de poderes y la rendición de cuentas, pilares fundamentales de cualquier democracia liberal.