El escándalo en torno a la aplicación de la conocida como ‘Ley de Nietos’ escala y estrecha el cerco sobre el Gobierno de Pedro Sánchez. La asociación Hazte Oír ha ampliado la querella contra Sofía Puente, hermana del ministro Óscar Puente y ex directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por un presunto delito de prevaricación administrativa. La acusación es grave: haber dictado una instrucción que, según los querellantes, retuerce la ley para facilitar una nacionalización masiva con un claro objetivo de ingeniería electoral. La ofensiva judicial ahora apunta más alto y solicita la comparecencia como testigos de los ministros Félix Bolaños (Justicia), José Manuel Albares (Exteriores) y Ángel Víctor Torres (Memoria Democrática), además de la exministra Pilar Llop.
Prevaricación: La Acusación Central
La querella se centra en la Instrucción de 25 de octubre de 2022, firmada por Sofía Puente. Este documento interpretaba la Ley de Memoria Democrática y, según la acusación, ampliaba de forma ilegal los supuestos para obtener la nacionalidad española, contraviniendo el espíritu y la letra de la propia norma aprobada por las Cortes. El objetivo, presuntamente, era abrir la puerta a cientos de miles de nuevos ciudadanos y, por ende, a nuevos votantes en el extranjero.
¿Qué es la prevaricación administrativa?
El artículo 404 del Código Penal castiga a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo. La querella sostiene que la instrucción de Sofía Puente fue una resolución «arbitraria» e «injusta» porque excedió sus competencias e interpretó la ley de una forma extensiva no prevista por el legislador, con la finalidad de alterar el censo electoral.
La Reunión Clave: ¿Instrucciones desde el Exterior?
Uno de los nuevos indicios que motivan la ampliación de la querella es una reveladora reunión celebrada pocos días antes de que se publicara la polémica instrucción. En ella participaron miembros del Gobierno, incluida la propia Sofía Puente, con el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE).
Según consta en el escrito judicial, en dicho encuentro hubo «participación de consejeros de Argentina, Canadá, México, República Dominicana, Guatemala, Alemania, Reino Unido y de un representante de la Comunidad de Castilla y León». La querella afirma que las peticiones de estos representantes extranjeros fueron atendidas y moldearon el texto final de la instrucción para ampliar el espectro de beneficiarios.
El Impacto Electoral: Un Censo a la Carta
La consecuencia directa de esta instrucción ha sido un crecimiento exponencial del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). Aunque el Gobierno no ha ofrecido cifras desglosadas, el impacto es innegable y ha levantado las alarmas en múltiples consulados por un posible uso fraudulento de la norma.
Hacia 600.000 Nuevos Votantes
Estimaciones citadas en la querella cifran en unos 600.000 los nuevos electores que podrían incorporarse al censo exterior antes de que finalice la legislatura, con cerca del 70% procedentes de Iberoamérica. Un potencial caladero de votos que podría alterar significativamente los resultados electorales.
El efecto ya no es una conjetura. Según una investigación de El Debate, se ha detectado un patrón anómalo: el PSOE pierde en el voto nacional pero gana en el voto CERA. Sucedió en las andaluzas, donde el censo exterior creció un 14,6% desde 2022. El mismo patrón —derrota interior, victoria exterior— se repitió en Castilla y León, Aragón y Extremadura.
El Gobierno, Llamado a Declarar
Ante la gravedad de los hechos y los nuevos indicios, la asociación querellante solicita diligencias clave para esclarecer si hubo una estrategia coordinada desde el Ejecutivo. Piden al juez que reclame toda la documentación sobre la reunión con los consejeros en el exterior y los borradores de la instrucción. Además, solicitan las siguientes testificales:
- Félix Bolaños: Actual ministro de Justicia y Presidencia, responsable último del área donde se firmó la instrucción.
- Pilar Llop: Ministra de Justicia en el momento de los hechos.
- José Manuel Albares: Ministro de Asuntos Exteriores, responsable de la red consular que tramita las nacionalidades.
- Ángel Víctor Torres: Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, cartera impulsora de la ley.
La justicia deberá ahora decidir si admite a trámite esta ampliación y si cita a declarar a una parte significativa del Consejo de Ministros. Lo que está en juego no es solo la legalidad de un acto administrativo, sino la propia seguridad jurídica y la limpieza del sistema electoral español, amenazado por lo que parece ser una calculada operación para alterar el censo en beneficio del partido en el Gobierno.