La vicepresidenta primera y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha intensificado la doble estrategia del Gobierno: por un lado, cerrar filas en torno a las figuras del socialismo salpicadas por la corrupción y, por otro, redoblar la ofensiva contra los jueces que investigan estas tramas. En una entrevista en TVE, Montero ha blindado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y ha lanzado graves acusaciones contra el juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso que afecta a Begoña Gómez.
Defensa cerrada de Zapatero en plena tormenta judicial
Siguiendo el guion marcado por Moncloa y secundado por ministros como Félix Bolaños y Óscar López, Montero ha salido en defensa de Zapatero, cuyo nombre ha aparecido vinculado a la macrocausa de la SEPI que investiga los polémicos rescates a empresas como Air Europa. La vicepresidenta ha sido tajante al reafirmar su lealtad.
– María Jesús Montero, en TVE (08/07/2024)
Montero, que presidía el Consejo Gestor de la SEPI cuando se aprobó el controvertido rescate de Plus Ultra, también ha defendido la legalidad de aquella operación, calificando el expediente como «riguroso». Esta defensa se produce mientras la justicia investiga una trama con más de 100 imputados que amenaza con cercar al núcleo del sanchismo.
El Gobierno, con Montero al frente de la SEPI, inyectó 53 millones de euros de dinero público en Plus Ultra, una aerolínea con un solo avión operativo en ese momento y una cuota de mercado inferior al 0,1%. Informes periciales independientes, como los solicitados por el juzgado que investigó el caso, pusieron en duda que la compañía fuera «estratégica» para España, uno de los requisitos clave para recibir el rescate. El caso fue finalmente archivado, pero las dudas sobre la idoneidad del gasto público persisten.
La ofensiva contra el Poder Judicial
La segunda parte de la estrategia del Gobierno pasa por desacreditar a los jueces que investigan al entorno del poder. Montero ha acusado directamente al juez Peinado de actuar con motivaciones políticas y de aplicar un doble rasero en comparación con casos que afectan al Partido Popular.
La vicepresidenta calificó la retirada del pasaporte a Begoña Gómez como un «despropósito» sin «ningún tipo de justificación». Sin embargo, sus palabras chocan frontalmente con los argumentos jurídicos esgrimidos por el magistrado en su auto.
El juez Juan Carlos Peinado justificó la medida cautelar de retirada del pasaporte a Begoña Gómez por el «obvio riesgo de fuga». En su auto del 8 de julio de 2024, el magistrado argumentó que la investigada tiene facilidad para viajar y que el servicio de escolta no es una garantía para evitar una posible huida, recordando el precedente de Carles Puigdemont. El juez fue claro al señalar que, según la ley, «la misión de los escoltas es la de proteger frente a terceros de posibles ataques a su integridad física y no evitar los movimientos o desplazamientos». La medida, por tanto, está legalmente fundamentada para asegurar la presencia de la investigada en el proceso judicial.
La estrategia de Montero y del Ejecutivo de Sánchez evidencia un patrón preocupante: la negación de cualquier responsabilidad en los casos de corrupción que afectan al PSOE y un ataque sistemático a la independencia judicial, pilar fundamental de cualquier Estado de Derecho. En lugar de colaborar con la justicia, se opta por la deslegitimación del mensajero, una táctica que erosiona la confianza de los ciudadanos en las instituciones.