El Gobierno de Canarias ha presentado como un logro una leve reducción del absentismo escolar general, que se sitúa en el 5,8%. Sin embargo, este dato global, presentado por el consejero de Educación, Poli Suárez, enmascara una realidad mucho más preocupante: el abandono en la Formación Profesional se ha disparado por encima del 16%, una cifra que evidencia un fracaso sistémico en la etapa educativa teóricamente más orientada al empleo.
Propaganda de datos frente al desastre de la FP
En su comparecencia parlamentaria, el consejero Suárez anunció que la tasa general de absentismo se redujo en dos décimas. Atribuyó parte del mérito a una nueva «aplicación web automatizada» para la recogida de datos, una solución tecnológica que, si bien moderniza la burocracia, no aborda las causas de fondo del problema. Mientras las cifras en Educación Infantil (2,04%) y Primaria (1,94%) se mantienen bajas, el problema se agrava progresivamente en la ESO (5,51%) y el Bachillerato (5,29%), hasta alcanzar una cota alarmante en la Formación Profesional.
El Ejecutivo insiste en que la solución pasa por una mayor coordinación con municipios, servicios sociales y policías locales. Esta respuesta, centrada en el control y la intervención, ignora la pregunta fundamental: ¿por qué un sistema educativo público no logra retener a los jóvenes en la etapa más crucial para su inserción laboral?
Inacción institucional: la mitad de los ayuntamientos incumple la ley
La contradicción del discurso gubernamental fue expuesta por el diputado de Coalición Canaria, Francisco Linares, quien, a pesar de calificar los datos globales de «relativamente buenos», denunció una grave dejación de funciones en el ámbito municipal. Según Linares, es una «vergüenza» que solo 44 de los 88 ayuntamientos del archipiélago hayan constituido los consejos escolares municipales, un órgano legalmente obligatorio.
Esta revelación desmonta el llamamiento del Gobierno a una mayor «coordinación interinstitucional». Resulta jurídicamente inviable y políticamente incoherente exigir colaboración a unas administraciones locales que, en un 50% de los casos, ni siquiera cumplen con la obligación básica de crear los foros de participación que la propia ley establece para abordar estos problemas.
Finalmente, el diputado Linares reclamó un plan específico para las zonas turísticas, argumentando que «vivir en verano siempre con la playa cerca» incrementa la tentación de faltar a clase. Este tipo de razonamiento paternalista desvía la atención del verdadero problema: en lugar de culpar al entorno o a la libertad de los jóvenes, las autoridades deberían cuestionar por qué la oferta educativa pública resulta menos atractiva que una jornada de ocio. El fracaso no es del ciudadano, sino de un sistema educativo que no convence, no motiva y, como demuestran las cifras de FP, no cumple sus promesas.