La situación en Canarias ha trascendido la crisis para convertirse en un estado de emergencia permanente, una herida abierta por la que se desangran los recursos sociales y la paciencia del archipiélago. El presidente canario, Fernando Clavijo, ha llevado el grito de auxilio a Madrid, denunciando sin ambages la «dejación de funciones» de un Gobierno central que parece mirar hacia otro lado mientras la frontera sur de Europa se desmorona.
La gestión de los miles de menores extranjeros no acompañados que llegan a sus costas se ha convertido en el símbolo de un Estado fallido, incapaz de articular una respuesta coordinada y eficaz. La solidaridad voluntaria, palabra fetiche del Ejecutivo de Sánchez, se ha revelado como un placebo inútil ante una hemorragia que no cesa.
«El Gobierno de España tiene que cumplir con Canarias. No podemos seguir gestionando una crisis de esta magnitud con parches. Necesitamos que la ley garantice que ningún territorio se vea desbordado por su ubicación geográfica.»
– Fernando Clavijo, Presidente de Canarias (Foro Nueva Economía, 15 de abril de 2024, recogido por Europa Press)
Un sistema desbordado por la inacción política
Los discursos bienintencionados se estrellan contra la cruda realidad de los datos. Canarias no soporta más. La presión asistencial ha llevado al sistema de protección de menores a una situación límite, operando con recursos insuficientes y en instalaciones improvisadas que distan mucho de ser el entorno adecuado para jóvenes en situación de extrema vulnerabilidad.
Canarias tutela a más de 5.700 menores extranjeros no acompañados, una cifra récord que satura por completo sus servicios.
Las llegadas de inmigrantes irregulares a las islas se dispararon un 500% en el primer trimestre de 2024 respecto al mismo periodo de 2023, según datos del Ministerio del Interior.
El coste anual para las arcas canarias supera los 100 millones de euros, detrayendo fondos de otras áreas esenciales para los ciudadanos.
El nudo legal que el Gobierno se niega a cortar
El epicentro del problema es normativo. La parálisis del Gobierno de Sánchez para reformar la legislación vigente es la causa directa del colapso canario. Clavijo lo ha señalado con una claridad meridiana: la solución pasa por modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería para que el reparto de menores sea una obligación de Estado, y no un acto de caridad autonómica.
El artículo 35 de la Ley de Extranjería (Ley Orgánica 4/2000) establece que la competencia para la protección de un menor no acompañado recae en la comunidad autónoma donde este es hallado. En la práctica, esto convierte a Canarias, por su posición geográfica, en la única responsable legal de miles de menores, sin obligar al resto del Estado a compartir la carga. La reforma exigida busca imponer por ley un reparto obligatorio, coordinado y financiado, eliminando la discrecionalidad que ha demostrado ser un fracaso absoluto.
Mientras el Gobierno se enreda en negociaciones estériles y busca excusas en la falta de consenso con el Partido Popular, Canarias se ahoga. La promesa de una reforma legal, anunciada por el propio ministro Ángel Víctor Torres, sigue durmiendo en un cajón, evidenciando una falta de voluntad política que resulta insultante para los canarios y trágica para los menores.
El Gobierno de Pedro Sánchez apela a la «solidaridad» entre comunidades. La realidad es que el sistema voluntario es un fracaso estrepitoso: en los últimos años, apenas un centenar de menores han sido reubicados. La solidaridad sin obligación legal es un gesto vacío que no alivia la presión sobre Canarias y perpetúa el problema.
Un ultimátum ante la tragedia
El mensaje de Fernando Clavijo es un ultimátum. El archipiélago ha llegado al límite de su capacidad física, económica y social. La gestión de esta crisis migratoria exige un pacto de Estado real, no meras declaraciones de intenciones. Requiere altura de miras para aparcar las disputas partidistas y legislar con urgencia.
La inacción del Gobierno no es solo un fallo administrativo; es un fracaso moral que pone en tela de juicio el compromiso de España con los derechos de la infancia y el principio de cohesión territorial. Dejar que una comunidad autónoma afronte en solitario un desafío de dimensiones estatales es una irresponsabilidad que tendrá consecuencias imprevisibles. El tiempo de las palabras se ha agotado. Canarias exige leyes, recursos y, sobre todo, el cumplimiento de la palabra dada antes de que la emergencia se convierta en una tragedia irreparable.