El Partido Popular ha declarado la guerra total al Gobierno de Pedro Sánchez por su plan para ejecutar una regularización extraordinaria de inmigrantes, una medida que consideran un ataque frontal a la seguridad jurídica, la sostenibilidad económica y la política migratoria común europea. La formación liderada por Alberto Núñez Feijóo no se quedará en la mera crítica parlamentaria; prepara una ofensiva en todos los frentes —político, jurídico y europeo— para frenar lo que califican sin ambages de «despropósito».
La vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, ha sido la encargada de verbalizar la contundencia de Génova, advirtiendo que el Ejecutivo actúa de forma unilateral, despreciando al Parlamento y a las Comunidades Autónomas. La batalla trasciende las fronteras nacionales, pues el PP llevará su denuncia a Bruselas, consciente de que una amnistía masiva en España tiene consecuencias directas para todo el espacio Schengen.
– Alma Ezcurra, en rueda de prensa (10/06/2024, recogido por El Debate)
El ‘Efecto Llamada’: Un Premio a las Mafias
Uno de los argumentos centrales del PP es el devastador ‘efecto llamada’ que, a su juicio, generará esta medida. Lejos de ser una solución humanitaria, los populares sostienen que lanzar el mensaje de que la irregularidad tiene premio es una invitación directa a que miles de personas desesperadas se pongan en manos de las mafias que trafican con seres humanos, arriesgando sus vidas en el mar.
Ezcurra ha sido tajante al señalar que esta política alimenta el negocio de la trata de personas. La falta de transparencia del Gobierno agrava la situación: se desconoce la cifra exacta de beneficiarios —aunque la ILP que originó el debate hablaba de cerca de 500.000 personas—, su procedencia o sus antecedentes. Esta opacidad no solo genera una profunda inseguridad ciudadana, sino que constituye un agravio comparativo para quienes siguen los cauces legales para emigrar y contribuir a la sociedad.
Ni Brazos Abiertos sin Orden, ni Puños Cerrados sin Compasión
El PP defiende una tercera vía que equilibre la solidaridad con el cumplimiento estricto de la ley. «Hay que venir a aportar, el que necesite ayuda la tendrá, pero con el paraguas de la ley. El que delinca se tendrá que ir», resumió Ezcurra. Esta postura busca una gestión ordenada de los flujos migratorios, basada en la legalidad y la capacidad real de integración, frente a la improvisación del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Un Congreso Secuestrado y un Gobierno al Estilo Orbán
La ofensiva del PP también tiene una dimensión de denuncia de la degradación institucional. Ezcurra ha acusado al Gobierno de gobernar de espaldas al poder legislativo, recordando que la medida cuenta con el rechazo del Senado y de la mayoría de CCAA, cuyas alegaciones fueron ignoradas. La habilitación de entidades como Tragsa o Correos para tramitar expedientes de urgencia es, para el PP, la prueba de una improvisación que tendrá un coste económico no presupuestado.
Esta forma de actuar, según los populares, se enmarca en un patrón más amplio de «secuestro» del Congreso, donde las iniciativas de la oposición son bloqueadas sistemáticamente.
- Más de 70 prórrogas a la tramitación de leyes del PP.
- Iniciativas clave como la bajada del IVA a la carne, pescado y conservas, paralizadas.
- Leyes antiokupación bloqueadas por la Mesa del Congreso, controlada por el PSOE y sus socios.
La vicesecretaria popular ha trazado un paralelismo directo entre Pedro Sánchez y el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, calificando al presidente español como el «Orbán del Sur». Según Ezcurra, ambos comparten una estrategia de «amordazar al Poder Judicial, a la prensa y colonizar las instituciones del Estado para perpetuarse en el poder».
Finalmente, el PP ha puesto el foco en la situación judicial de Begoña Gómez, esposa del presidente, cuestionando la normalidad democrática de que esté investigada por la Fiscalía Europea mientras acompaña a Sánchez en viajes oficiales. Para el PP, este cúmulo de factores dibuja un escenario de excepcionalidad y debilidad institucional que exige una respuesta firme en todas las instancias posibles.