En medio de la angustia y la desolación que viven miles de ciudadanos en Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha por los devastadores incendios, el Gobierno se ha visto obligado a activar la emergencia de interés nacional, a petición de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Pero mientras los equipos de extinción y la Unidad Militar de Emergencias (UME) se juegan la vida en el terreno, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha preferido encender otro fuego, el del sectarismo, desde la comodidad de su cuenta de X.
El tuit de la infamia en plena tragedia
Con una falta de empatía que ya no sorprende, pero que sigue siendo intolerable en un servidor público, Puente ha aprovechado la catástrofe para lanzar un ataque partidista. Su mensaje no solo destila odio hacia la oposición, sino una ignorancia supina sobre el funcionamiento del Estado que dice servir.
– Óscar Puente, en la red social X (24 de julio)
Este miserable comentario se produce mientras las llamas avanzan sin control y los ciudadanos pierden sus hogares y sus medios de vida. Para el ministro, la afiliación política de las víctimas o de sus gobernantes parece ser más relevante que su sufrimiento. Es la misma actitud que ya exhibió en crisis anteriores, demostrando ser inmune a cualquier crítica y a la más mínima decencia.
La UME: un servicio del Estado que Puente desconoce
El ministro no solo demuestra ser un político sectario, sino también un ignorante de las instituciones fundamentales del Estado. La Unidad Militar de Emergencias no es un servicio a la carta del Gobierno de turno ni un favor que se concede a las comunidades ‘amigas’.
Apunte Jurídico
La Unidad Militar de Emergencias (UME) fue creada en 2005 por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Su misión, según el Real Decreto 416/2006, es intervenir en cualquier parte del territorio nacional para contribuir a la seguridad y bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas. Actúa cuando las capacidades de las administraciones autonómicas se ven superadas, independientemente del color político de su gobierno.
La UME es un cuerpo de élite de las Fuerzas Armadas que interviene en incendios, inundaciones (como la DANA que asoló la Comunidad Valenciana de Carlos Mazón, a quien se criticó por no pedir ayuda antes), terremotos o nevadas históricas como ‘Filomena’. Sugerir que es un servicio para el PP es un insulto a sus profesionales y una manipulación de la realidad.
La UME ha actuado en cientos de emergencias en todas las comunidades autónomas, sin distinción de quién las gobierne. Su activación responde a criterios técnicos de gravedad y necesidad, no a decisiones políticas arbitrarias. Es un pilar del Sistema Nacional de Protección Civil.
El falaz argumento fiscal: los impuestos que Puente olvida
La segunda parte del ataque de Puente se centra en la política fiscal, con el manido lema de que el PP «reduce impuestos a los ricos». Lo que el ministro obvia deliberadamente es cómo se financian los servicios del Estado central.
Dato Clave
Los ciudadanos de Madrid, Castilla y León y el resto de comunidades gobernadas por el PP también pagan impuestos estatales. El IRPF (en su tramo estatal), el IVA, los Impuestos Especiales y el Impuesto de Sociedades nutren los Presupuestos Generales del Estado, de los que depende el Ministerio de Defensa y, por tanto, la UME. No es un regalo del Gobierno; es un servicio que los ciudadanos de toda España financian con su esfuerzo.
Los madrileños, castellanos y leoneses tienen exactamente el mismo derecho a ser auxiliados por la UME que los ciudadanos de cualquier otra región. Afirmar lo contrario es demagogia populista. La política fiscal de una comunidad autónoma, ejercida dentro de su marco competencial, no anula los derechos de sus ciudadanos como contribuyentes al Estado.
Una vez más, Óscar Puente utiliza una tragedia nacional para polarizar y atacar. En momentos donde se exige unidad, liderazgo y altura de miras, el ministro elige la división y la desinformación. Un comportamiento indigno de quien ocupa una cartera en el Gobierno de España.