La seguridad jurídica, pilar fundamental de un Estado de Derecho, no es un concepto abstracto, sino el muro de contención contra la arbitrariedad del poder. Un muro que el Gobierno parece decidido a demoler. El último ariete es una simple instrucción administrativa que, en la práctica, enmienda una ley orgánica, colocando a cientos de funcionarios en una situación de vulnerabilidad extrema y sembrando el caos en los consulados españoles de todo el mundo.
El Origen del Conflicto: Una Instrucción que Suplanta a la Ley
El sindicato mayoritario de funcionarios, CSIF, ha dado la voz de alarma presentando un escrito ante la Junta Electoral Central (JEC). La denuncia se centra en la Instrucción de 25 de octubre de 2022, firmada por la entonces Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente. Este documento, de rango inferior a la ley que pretende desarrollar, dinamita los requisitos establecidos por la Ley de Memoria Democrática para acceder a la nacionalidad española.
La Realidad: Ley vs. Instrucción
La Ley 20/2022 de Memoria Democrática exige acreditar que el exilio se debió a «razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación e identidad sexual».
La Instrucción de Sofía Puente establece una presunción general: se considera exiliado a todo español que salió del país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, eximiendo de aportar prueba alguna.
Esta facilidad probatoria, que no figura en la ley aprobada por las Cortes Generales, supone una alteración sustancial de la norma. El Gobierno, a través de una dirección general, se arroga la potestad de legislar por la puerta de atrás, creando un atajo para la concesión masiva de nacionalidades.
Apunte Jurídico: Violación del Principio de Jerarquía Normativa
El artículo 9.3 de la Constitución Española garantiza el principio de jerarquía normativa, según el cual una norma de rango inferior (una instrucción) no puede contradecir ni modificar lo dispuesto en una de rango superior (una ley). Al crear una presunción no contemplada en la ley, la instrucción podría ser nula de pleno derecho. Los funcionarios se ven forzados a elegir entre obedecer una directriz potencialmente ilegal o aplicar la ley, con el riesgo de enfrentarse a expedientes disciplinarios.
Del Caos Consular a la Sombra de Duda Electoral
Las consecuencias de esta inseguridad jurídica son devastadoras. CSIF denuncia el colapso administrativo que viven los consulados, desbordados por una avalancha de solicitudes que se gestionan bajo un paraguas de ilegalidad manifiesta.
Según datos del Ministerio de Asuntos Exteriores a marzo de 2024, se habían recibido más de 250.000 solicitudes de nacionalidad bajo esta ley, habiéndose aprobado ya más de 110.000. Cifras que evidencian la magnitud del proceso y el impacto potencial sobre el censo electoral.
(Fuente: Vozpópuli, 24/05/2024)
Pero el problema trasciende la gestión administrativa y entra de lleno en el terreno electoral. La inscripción de estos nuevos ciudadanos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) se realiza, según la denuncia, sin un criterio claro para determinar el municipio de inscripción. La ley habla del «municipio de mayor arraigo», un concepto subjetivo que, sin reglas precisas, abre la puerta a la discrecionalidad y a una posible ingeniería electoral.
(El Debate, 24/05/2024)
En última instancia, la valiente denuncia de CSIF no es una mera reivindicación laboral. Es una defensa del Estado de Derecho frente a un Gobierno que utiliza las estructuras administrativas para imponer su agenda ideológica, incluso a costa de pisotear la ley y poner a sus propios funcionarios al borde del abismo legal. La respuesta de la Junta Electoral Central será un termómetro de la salud de nuestra democracia y de su capacidad para frenar los abusos de poder.