La justicia ha vuelto a dar la razón al Gobierno de la Comunidad de Madrid en el pulso que mantiene con el Ayuntamiento de Fuenlabrada por el centro de menores de primera acogida en la finca de La Cantueña. La Sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid ha estimado íntegramente la demanda del Ejecutivo regional, confirmando su titularidad exclusiva sobre el inmueble y desautorizando cualquier injerencia del consistorio socialista.
La resolución judicial es contundente: no solo ratifica que la Comunidad de Madrid es la única y exclusiva propietaria de La Cantueña, sino que además condena en costas al Ayuntamiento de Fuenlabrada, dirigido por el alcalde Javier Ayala. Este fallo supone un nuevo revés para la estrategia municipal de obstaculizar un proyecto de competencia autonómica.
La ofensiva del Ayuntamiento para frenar el proyecto
Desde que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso anunció la creación de este recurso para hacer frente a la creciente presión migratoria, el Ayuntamiento de Fuenlabrada inició una campaña de oposición frontal. El alcalde socialista, Javier Ayala, utilizó diversas vías administrativas y jurídicas para intentar paralizar la iniciativa.
Entre las acciones emprendidas por el consistorio se encuentran la paralización de las obras mediante un decreto municipal y el intento de revertir la titularidad de la finca para que volviera a ser de propiedad municipal. Estas maniobras obligaron a la Comunidad de Madrid a acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa para defender sus competencias y la legalidad de sus actuaciones.
Décima victoria judicial para la Comunidad de Madrid
La estrategia del Ayuntamiento de Fuenlabrada se ha demostrado infructuosa en los tribunales. Con esta nueva resolución, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso suma ya diez victorias judiciales en relación con el proyecto de La Cantueña. Cada fallo ha ido desmontando sistemáticamente los argumentos del consistorio, confirmando la legalidad de las actuaciones de la Comunidad de Madrid.
La sentencia no solo reafirma la propiedad autonómica sobre la finca, sino que cierra la puerta a futuras actuaciones municipales que busquen obstaculizar el ejercicio de las competencias regionales en materia de protección de menores. El fallo supone un respaldo a la gestión del Ejecutivo madrileño y una clara advertencia sobre los límites de la autonomía municipal.
En definitiva, los tribunales han puesto fin a un conflicto instigado desde el ámbito municipal, recordando que la confrontación política no puede sobrepasar los límites que marcan la ley y la distribución de competencias entre administraciones.