El Tribunal Supremo ha puesto fin a los intentos del ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de eludir sus responsabilidades económicas tras su condena. La Sala de lo Penal ha confirmado que deberá abonar 39.009,48 euros en costas procesales por el procedimiento en el que fue condenado por revelar información reservada sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
La «singular gravedad institucional» del caso
En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, los magistrados desestiman los recursos presentados tanto por la Fiscalía como por la Abogacía del Estado, que ejercía la defensa de García Ortiz. El tribunal rechaza de plano el argumento de que se trataba de un procedimiento de «escasa complejidad». Por el contrario, la Sala subraya la «singular gravedad institucional» de la causa, ya que afectaba a la vulneración del deber de confidencialidad por parte de la máxima autoridad del Ministerio Fiscal, un hecho sin precedentes.
Un proceso «especialmente complejo»
El Supremo recuerda además que el proceso fue «especialmente complejo» desde el punto de vista procesal. La resolución enumera una serie de circunstancias que desmontan la tesis de la defensa: el aforamiento de García Ortiz que trasladó la causa al Alto Tribunal, la apertura de quince piezas separadas para resolver recursos, la práctica de numerosas diligencias de investigación —incluyendo comisiones rogatorias a Irlanda y Estados Unidos— y la intensa actividad procesal de las partes.
Un intento fallido de rebajar la factura
Cabe recordar que García Ortiz fue condenado a dos años de inhabilitación, además de una multa e indemnización de 17.200 euros, cantidad que fue sufragada por la Unión Progresista de Fiscales mediante una colecta. A esta condena se sumó la obligación de pagar las costas. Inicialmente, el Supremo las fijó en casi 80.000 euros. Tras los recursos de la Abogacía del Estado y la Fiscalía, el tribunal ya estimó parcialmente la impugnación, rebajando la cantidad a los 39.000 euros ahora confirmados. En su último auto, el Alto Tribunal considera que esa reducción «ya supuso una moderación suficiente» y zanja el asunto, concluyendo que no existe motivo para una nueva rebaja como solicitaba el Ministerio Fiscal.