La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha vuelto a escenificar la profunda división que fractura al Ejecutivo de coalición. Lejos de presentar un frente unido, Díaz ha instado a sus ministros de Sumar a continuar la «lucha» interna contra sus socios del PSOE para imponer su agenda ideológica. Unas declaraciones que no son un lapsus, sino la confesión de un modus operandi: el Gobierno no es un órgano cohesionado, sino un campo de batalla donde el ala más radical busca imponer sus postulados a costa de la estabilidad y la seguridad jurídica.
«Quiero felicitar a los ministros y ministras, así como a todo el equipo político de Sumar, porque la lucha fue intensa. Hemos enfrentado muchas de estas situaciones dentro del Gobierno, por lo que es fundamental abordarlas para poder salir victoriosos».
– Yolanda Díaz, en declaraciones recogidas por Europa Press el 27 de mayo de 2024.
Lo que la vicepresidenta califica de «victoria» es, en realidad, una preocupante constatación de la disfuncionalidad del Consejo de Ministros. Gobernar no es ‘luchar’ contra una parte de tu propio equipo, sino buscar el consenso y el interés general. La celebración de este conflicto permanente revela una visión de la política basada en la confrontación y la imposición, en lugar de la gestión responsable.
Crónica de un Conflicto Permanente
La «lucha» a la que alude Díaz no es una hipérbole. En los últimos meses, las tensiones entre Sumar y el PSOE han dinamitado la agenda legislativa y han proyectado una imagen de caos e improvisación. Estos son solo algunos de los frentes de batalla más sonados:
- ■ La Ley del Suelo: En un hecho sin precedentes, Sumar unió sus votos a los del PP y Vox para tumbar en el Congreso una ley clave impulsada por el Ministerio de Vivienda, en manos del PSOE. Una humillación para el socio mayoritario que evidencia la nula lealtad en la coalición.
- ■ Reforma del subsidio de paro: El Ministerio de Trabajo, dirigido por Díaz, vio cómo su reforma estrella era rechazada en el Congreso por el voto en contra de Podemos, sus antiguos socios, sin que el PSOE lograra amarrar los apoyos. El resultado fue un fracaso legislativo que obligó al Gobierno a renegociar y ceder de nuevo.
- ■ Paquetes anticrisis: Las negociaciones de los decretos para paliar los efectos de la inflación se han convertido en un zoco persa. Sumar presiona hasta el último minuto para incluir medidas intervencionistas, como topes a los márgenes de beneficio de las empresas, generando una enorme inseguridad en el tejido productivo.
El Coste de la Inestabilidad: Decretos-Ley y Degradación Legislativa
Esta dinámica de conflicto tiene una consecuencia directa sobre la calidad de nuestra democracia: el abuso del Real Decreto-Ley. Las normas no se debaten con rigor y transparencia en el Parlamento, sino que se pactan in extremis en los despachos de la Moncloa para evitar el colapso del Gobierno. El resultado son leyes mal redactadas, con graves deficiencias técnicas y que generan más problemas de los que solucionan.
El artículo 86 de la Constitución Española reserva el uso del Decreto-Ley para casos de «extraordinaria y urgente necesidad». Sin embargo, el Gobierno de coalición lo ha convertido en su herramienta legislativa ordinaria para sortear tanto el debate parlamentario como, principalmente, sus propias divisiones internas. Esta práctica degrada la función del poder legislativo y merma la seguridad jurídica, ya que las normas pueden ser modificadas o derogadas al antojo de la siguiente ‘batalla’ interna.
El actual Ejecutivo ha hecho un uso extensivo del Decreto-Ley, consolidando una tendencia que debilita el control parlamentario. Según datos oficiales del Congreso, se han aprobado decenas de decretos en esta legislatura, muchos de ellos conteniendo medidas heterogéneas (los llamados ‘decretos ómnibus’) que impiden un debate sosegado y específico.
En definitiva, mientras Yolanda Díaz celebra sus victorias pírricas en una guerra de desgaste contra sus propios socios, los grandes perdedores son los ciudadanos y las empresas. España necesita un gobierno que gobierne, no uno que ‘luche’ consigo mismo. La estabilidad, la predictibilidad y la seguridad jurídica son pilares fundamentales para el progreso, y son precisamente los que se están demoliendo desde dentro del propio Consejo de Ministros.