El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha emprendido una furibunda campaña de descrédito contra el Parlamento de Canarias. Acorralado por las conclusiones del dictamen sobre el ‘caso Mascarillas’, que le señala directamente como responsable político del fiasco en la compra de material sanitario durante su mandato, el dirigente socialista ha optado por la táctica del ventilador: atacar a las instituciones para eludir cualquier atisbo de autocrítica.
Ofensiva contra la soberanía parlamentaria
Lejos de ofrecer explicaciones solventes sobre una gestión que costó millones de euros a los canarios, Torres ha utilizado sus redes sociales para lanzar una ofensiva verbal sin precedentes contra la Cámara autonómica. El ministro no ha dudado en calificar el trabajo de los diputados como un «paripé», un ataque frontal a la legitimidad de un poder del Estado.
– Ángel Víctor Torres, en declaraciones recogidas por diversos medios el 8 de julio de 2024.
El manual del victimismo para tapar el fraude
La estrategia de Torres sigue al pie de la letra el manual de Pedro Sánchez: presentarse como víctima de una conspiración de la «derecha y la ultraderecha» para desviar la atención de los hechos. Sin embargo, la realidad es que el dictamen es el resultado de meses de trabajo de una comisión de investigación, un instrumento democrático de control al poder ejecutivo.
El ex presidente canario se queja de «filtraciones» y de la selección de comparecientes, un intento burdo de invalidar un procedimiento reglado cuyas conclusiones le resultan demoledoras. La votación en el Parlamento no es una opinión, es un acto de soberanía popular que constata una mala gestión.
Millones perdidos y excusas vacías
Mientras Torres se envuelve en la bandera de la baja mortalidad durante la pandemia —un argumento que nada tiene que ver con la gestión contractual—, los datos del fraude permanecen. Su gobierno pagó por adelantado a empresas sin experiencia ni solvencia, resultando en un perjuicio millonario para las arcas públicas.
El Gobierno de Torres pagó 4 millones de euros a la empresa RR7 United por un millón de mascarillas 3M que nunca llegaron. Además, se investigan los 12 millones adjudicados a Soluciones de Gestión, la empresa clave de la trama Koldo, por material de inferior calidad.
El ministro reprocha que el dictamen ignore informes del Tribunal de Cuentas, mezclando deliberadamente la responsabilidad contable o penal con la política, que es la que se dirime en sede parlamentaria.
La responsabilidad política es independiente y compatible con la responsabilidad penal o contable. Un parlamento tiene la potestad y el deber de exigir cuentas a los gobernantes por su gestión, negligente o no, sin necesidad de que exista un delito. Eludir este control atacando a la institución es una grave erosión de los principios democráticos.
Su tímido reconocimiento de que «pudo cometer errores» queda sepultado por su agresiva defensa. La afirmación de que siempre actuó «dando la cara» choca frontalmente con un dictamen técnico y votado que le señala, oficialmente, como el máximo responsable político de un escándalo que sigue avergonzando a Canarias.