El Partido Popular ha elevado a la categoría de promesa solemne la derogación de la Ley de Memoria Democrática. En un acto cargado de simbolismo, el homenaje por el 27º aniversario del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, el vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado, ha garantizado que la controvertida norma será anulada «en el primer Consejo de Ministros de un Gobierno presidido por Alberto Núñez Feijóo». Un compromiso rotundo contra una ley que consideran «sectaria» y un instrumento para reescribir la historia al servicio de los socios del Gobierno.
La Voz de las Víctimas Contra el Blanqueamiento
El escenario del anuncio no fue casual. En el acto, celebrado en Madrid, la voz de las víctimas resonó con una claridad incontestable. Marimar Blanco, hermana del concejal asesinado por ETA y diputada del PP, denunció la doble afrenta que sufren las víctimas bajo el actual Ejecutivo: la impunidad y el olvido institucionalizado, promovido por un Gobierno que se apoya en los herederos políticos de la banda terrorista.
— Marimar Blanco, en el homenaje a su hermano (13 de julio de 2024).
Sus palabras cuestionan directamente la legitimidad de una democracia que se sustenta en el apoyo parlamentario de EH Bildu, una formación que sistemáticamente se niega a condenar el historial de asesinatos de ETA y que sigue incluyendo a condenados por terrorismo en sus listas electorales.
Una Ley Sustentada en la Desmemoria
La promesa de Tellado ataca el corazón de una de las leyes más ideológicas del Gobierno de Pedro Sánchez. La Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022, ha sido duramente criticada por la oposición y las asociaciones de víctimas por considerarla un intento de imponer un relato único y parcial de la historia de España, obviando la Transición y equiparando moralmente a víctimas y verdugos en distintos periodos históricos.
Socios Indignos
La Ley de Memoria Democrática fue aprobada con el voto favorable de EH Bildu. El Gobierno de Sánchez depende de los 6 escaños de la formación abertzale para mantener su mayoría parlamentaria, lo que ha llevado a cesiones constantes que, según denuncian las víctimas, suponen una humillación y un blanqueamiento inaceptable de quienes nunca han pedido perdón.
Miguel Tellado fue tajante al respecto, calificando la ley como «infame» y asegurando que el PP la derogará para sustituirla por una norma que «homenajee a las víctimas y no a los verdugos», y que «respete la Transición y la Constitución».
La derogación de una ley orgánica como la de Memoria Democrática requiere una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados (176 escaños). El compromiso del PP implica que, de alcanzar el Gobierno, utilizarían su nueva mayoría para revertir una de las piezas legislativas clave del ‘sanchismo’, argumentando que atenta contra la concordia y la verdad histórica defendida durante la Transición.
Marimar Blanco también agradeció a la Comunidad de Madrid la creación del futuro Centro Interactivo para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, un proyecto que se contrapone a la visión del Gobierno central y donde se custodiarán objetos personales de su hermano, como su batería. Un símbolo de la memoria real frente a la memoria oficialista.
En definitiva, el PP marca una línea roja y convierte la anulación de esta ley en un pilar de su futuro programa de gobierno, un gesto que busca restaurar la dignidad de las víctimas y desmantelar el andamiaje legislativo pactado con aquellos que aún hoy justifican el terror.