La cohesión del Gobierno de coalición vuelve a ponerse en entredicho, esta vez a cuenta de uno de los problemas más acuciantes para los ciudadanos: la vivienda. El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha desautorizado públicamente la estrategia del presidente Pedro Sánchez, rechazando de plano la propuesta de aplicar incentivos fiscales a los propietarios para contener los precios del alquiler.
Sumar califica la medida de «injusta e ineficaz»
En una comparecencia este viernes, el ministro de Sumar ha sido tajante. Bustinduy afirmó que su formación «no aceptará» abordar la crisis de la vivienda mediante exenciones fiscales. En concreto, se refirió a la propuesta de aplicar «exenciones del 100 % en el IRPF para los propietarios que no aumenten los alquileres», una medida que calificó de «injusta e ineficaz».
Según el ministro, la única vía para el PSOE es «corregir su enfoque y negociar la extensión de los contratos». Esta declaración no solo evidencia una profunda brecha ideológica dentro del Ejecutivo, sino que también revela una improvisación en la política gubernamental, donde un presidente anuncia una medida que su socio de Gobierno rechaza frontalmente horas después.
Una contradicción con la propia Ley de Vivienda
Pablo Bustinduy ha intentado además desvincular la propuesta de Sánchez de las bonificaciones ya contempladas en la Ley de Vivienda, afirmando que «no guarda relación». Sin embargo, esta ley, impulsada por el mismo Gobierno, ya incluye un sistema de incentivos fiscales en el IRPF para los arrendadores en zonas tensionadas, aunque de menor calado. La nueva propuesta, por tanto, no es una idea ajena, sino una intensificación de un mecanismo ya existente y controvertido.
El rechazo de Sumar, que ni siquiera apoya las bonificaciones originales de la ley, pone de manifiesto que el Gobierno carece de una estrategia unificada. Se legisla y se anuncian medidas sin un consenso interno previo, generando inseguridad jurídica y una percepción de caos en la gestión pública.
En definitiva, la última crisis interna del Ejecutivo revela más que una simple discrepancia. Expone un método de gobierno basado en anuncios mediáticos que carecen de respaldo político y rigor técnico, dejando en el aire soluciones reales para un problema que afecta a millones de familias.