Sumar desata una nueva guerra ideológica en la Educación
El socio minoritario del Gobierno, Sumar, ha vuelto a agitar el tablero político con una de sus recurrentes obsesiones ideológicas: la erradicación de la asignatura de Religión del sistema educativo. La formación liderada por Yolanda Díaz ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley que no solo busca eliminarla de los colegios públicos, sino que extiende su prohibición a la red concertada. Este movimiento no es una mera reforma curricular; es un ataque frontal a la libertad de enseñanza, un desafío a la seguridad jurídica que ampara los Acuerdos con la Santa Sede y una nueva embestida contra el modelo de colaboración público-privada que representa la escuela concertada.
«La escuela, financiada con fondos públicos, debe ser un espacio exclusivamente para la ciencia, el conocimiento, los valores democráticos y los derechos humanos», afirmó el portavoz de IU en Sumar, Enrique Santiago, al presentar la iniciativa el pasado 14 de junio de 2024. Una declaración que, bajo una apariencia de neutralidad, esconde un proyecto de ingeniería social que busca excluir cualquier visión trascendente del espacio público.
Un órdago inconstitucional y una ruptura de tratados
La propuesta de Sumar ignora deliberadamente el marco legal y constitucional que protege la enseñanza religiosa. No se trata de una opción política más, sino de una iniciativa que choca directamente con pilares fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico.
Apunte Jurídico
La iniciativa pretende vulnerar dos elementos clave:
- El Artículo 27.3 de la Constitución Española: Este precepto garantiza el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Expulsar la Religión de la escuela concertada, elegida por muchas familias precisamente por su ideario, es una clara conculcación de este derecho fundamental.
- Los Acuerdos con la Santa Sede de 1979: Estos acuerdos, que tienen rango de tratado internacional, establecen en su Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales que la enseñanza de la religión católica será de oferta obligatoria en todos los centros educativos. Una ley ordinaria no puede derogar unilateralmente un tratado internacional; hacerlo supondría una grave quiebra de la seguridad jurídica y de la credibilidad internacional de España.
El verdadero objetivo: asfixiar a la concertada
Si bien la prohibición en la escuela pública ya es controvertida, la inclusión de la concertada revela la verdadera intención de la izquierda radical: desmantelar un modelo de éxito que garantiza la pluralidad educativa y la libertad de elección de las familias. La Religión es utilizada como la excusa perfecta para intervenir y desnaturalizar el proyecto educativo de estos centros.
Dato Clave: El peso de la concertada
Según datos del Ministerio de Educación para el curso 2023-2024, la red de centros concertados en España escolariza a más de 1,9 millones de alumnos no universitarios. Representa aproximadamente el 24% del total del alumnado, demostrando ser una opción preferida por una cuarta parte de las familias españolas.
Sumar argumenta que «quien recibe dinero público debe cumplir con el principio de laicidad estatal». Este es un argumento falaz que confunde financiación con expropiación del ideario. Los conciertos educativos no son una subvención, sino el pago delegado por un servicio educativo que el Estado tiene la obligación de garantizar. Atacar su proyecto educativo es, en la práctica, un intento de asfixiarla y dirigir a su alumnado hacia un modelo único y estatalizado.
El silencio cómplice del PSOE y la incertidumbre laboral
Como es habitual, esta ofensiva ideológica de Sumar coloca al PSOE en una posición incómoda pero calculada. Los socialistas, aunque históricamente más prudentes en la confrontación directa con la Iglesia por su coste electoral y diplomático, permiten que sus socios marquen el paso en la agenda radical. El Gobierno de coalición se convierte así en una pinza donde una parte propone la ruptura y la otra modera para aparentar centralidad, mientras el ataque a las libertades avanza.
La Realidad
La propuesta de Sumar no solo genera un conflicto educativo y diplomático, sino que aboca a la incertidumbre a miles de trabajadores. La ley implicaría el despido de facto de los aproximadamente 15.000 profesores de Religión, un colectivo cuyo sistema de acceso, pactado por el Estado, ahora se tacha de «anomalía democrática» para justificar su purga.
La iniciativa de Sumar es, en definitiva, mucho más que una ley sobre una asignatura. Es un testamento de su proyecto político: menos libertad individual, más control estatal, y la imposición de una visión única en un ámbito tan sensible como la educación de nuestros hijos. La batalla por la libertad de enseñanza no ha hecho más que empezar.