El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la creación de un nuevo fondo soberano, bautizado como ‘España crece’, que estará dotado con 10.500 millones de euros. El objetivo declarado es dar continuidad al modelo de inversión pública impulsado por los fondos europeos Next Generation, cuyo plazo de ejecución finaliza en 2026.
Durante su discurso de clausura en el Spain Investors Day, Sánchez afirmó que «la transformación de España no habría sido posible sin los fondos europeos». Sin embargo, reconoció que «esos recursos se agotarán este año», motivo por el cual el Ejecutivo ha decidido crear este nuevo instrumento para, en sus palabras, «continuar con el impulso transformador». Este anuncio, que será detallado el próximo lunes junto al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, busca en la práctica convertir en estructural un mecanismo de gasto que fue concebido como excepcional y temporal.
De medida excepcional a gasto estructural
Los fondos Next Generation EU fueron una respuesta de la Unión Europea a la crisis económica derivada de la pandemia, un instrumento extraordinario con un marco temporal definido y estrictos mecanismos de control por parte de las instituciones comunitarias. La narrativa del Gobierno, sin embargo, presenta su agotamiento no como el fin de un ciclo de ayuda, sino como un problema que requiere una solución de continuidad a través de un nuevo vehículo de financiación puramente nacional.
El plan del Ejecutivo es prolongar las políticas del Plan de Recuperación y Resiliencia más allá de 2026, enfocándose en áreas como la transición energética, la digitalización y la reindustrialización. La creación de este fondo soberano plantea la pregunta de si el Gobierno busca consolidar un modelo de intervencionismo estatal en la economía, financiado con recursos públicos y al margen de la supervisión europea que condicionaba los fondos originales.
¿Inversión estratégica o intervencionismo discrecional?
La puesta en marcha de un fondo de estas características abre un debate sobre su verdadera naturaleza. Mientras el Gobierno lo presenta como una herramienta para la modernización económica, la ausencia de detalles sobre sus órganos de gestión y criterios de inversión genera incertidumbre. La capacidad de un gobierno para inyectar miles de millones de euros en sectores o empresas específicas introduce un riesgo evidente de discrecionalidad política y distorsión del mercado.
La clave residirá en si el fondo operará con criterios técnicos e independientes o si, por el contrario, se convertirá en un instrumento para favorecer proyectos afines a la agenda del Ejecutivo, suplantando la asignación de recursos que de forma natural realiza el sector privado. La experiencia con otros entes públicos de inversión sugiere que el riesgo de que primen los criterios políticos sobre los de eficiencia económica es considerable.
En definitiva, el anuncio de Pedro Sánchez, envuelto en una retórica de progreso y transformación, supone en realidad un paso más hacia la consolidación de un modelo económico con un fuerte componente de intervención estatal. Un modelo que, tras agotarse la financiación europea que lo sustentaba, busca ahora perpetuarse a través de un nuevo instrumento de control y gasto público cuyas implicaciones jurídicas y económicas aún están por aclarar.