Renovables: El doble rasero que cuesta a España 207.000 euros al día - AEC

Cada día, los contribuyentes españoles pagan 207.000 euros en indemnizaciones a inversores extranjeros por los recortes a las energías renovables. Esta sangría económica, fruto de laudos arbitrales internacionales, contrasta de forma flagrante con la realidad que viven los inversores españoles, a quienes la justicia nacional niega sistemáticamente cualquier tipo de compensación por el mismo perjuicio. Se ha consolidado un sistema de dos varas de medir: una para los foráneos y otra, mucho más severa, para los de casa.

El Origen: Un Recorte Normativo con Sello del Partido Popular

Es fundamental recordar el origen de esta controversia para evitar atribuciones erróneas. La modificación legislativa que alteró drásticamente el marco retributivo de las energías renovables no fue obra del actual Gobierno ni del anterior ejecutivo socialista. Fue el Gobierno de Mariano Rajoy (Partido Popular) el que, a partir de 2012, implementó los recortes que generaron una oleada de demandas por parte de inversores que vieron frustradas sus expectativas de rentabilidad, basadas en un marco regulatorio previo que el propio Estado había incentivado.

Este cambio normativo, calificado por los afectados como una expropiación encubierta, dio lugar a dos vías judiciales paralelas con resultados diametralmente opuestos.

Apunte Jurídico: La Responsabilidad Patrimonial del Estado Legislador. La legislación española contempla la responsabilidad del Estado por los daños causados a raíz de la aplicación de leyes. Sin embargo, los requisitos son extraordinariamente estrictos. Para que proceda una indemnización, el daño debe ser «antijurídico», es decir, que el ciudadano no tenga el deber legal de soportarlo. El Tribunal Supremo ha interpretado que los cambios en la regulación económica, como los aplicados a las renovables, forman parte del «riesgo empresarial» que los inversores deben asumir, negando así la antijuridicidad del daño y cerrando la puerta a las compensaciones para los nacionales.

Justicia para Extranjeros, Indefensión para Españoles

Mientras los tribunales españoles, con el Tribunal Supremo a la cabeza, han desestimado las reclamaciones de los inversores nacionales, los tribunales de arbitraje internacionales han llegado a una conclusión muy diferente. Amparándose en tratados de protección de inversiones como la Carta de la Energía, estos órganos supranacionales han condenado a España en decenas de ocasiones por violar el principio de «trato justo y equitativo», obligando al Estado a pagar miles de millones de euros en compensaciones.

El resultado es una paradoja insostenible: el Estado español se ve forzado a indemnizar con dinero público a fondos de inversión extranjeros por un daño que, según sus propios tribunales, no es indemnizable cuando el perjudicado es un ciudadano o una empresa española. Se consagra así una discriminación que atenta contra la seguridad jurídica más elemental.

Apunte Jurídico: El Principio de «Inmunidad Soberana». Aunque no se invoca formalmente, la jurisprudencia del Tribunal Supremo en esta materia evoca la antigua doctrina del «Rex non potest peccare» («El rey no puede equivocarse»). En la práctica, se otorga al Estado una suerte de inmunidad frente a las consecuencias de sus actos legislativos, rompiendo el principio de igualdad de armas. Mientras que en un litigio entre particulares rige el equilibrio, cuando un ciudadano litiga contra la Administración, esta juega con unas reglas que la protegen de forma desproporcionada, convirtiendo la reclamación en una «tarea para titanes».

Una Amenaza a la Seguridad Jurídica

La situación actual no solo supone un coste económico inasumible para las arcas públicas, sino que también proyecta una sombra de duda sobre el Estado de Derecho en España. Que la protección de los derechos de un inversor dependa de su nacionalidad y del foro al que pueda acudir es inaceptable. El Tribunal Supremo, al proteger el erario público a corto plazo, ha generado una profunda injusticia y ha consolidado la percepción de que litigar contra el Estado en la jurisdicción contencioso-administrativa es una batalla perdida de antemano. Una situación que debilita la confianza y la seguridad jurídica, pilares fundamentales de cualquier economía avanzada.

Vease https://www.linkedin.com/posts/%C3%AD%C3%B1igo-coello-de-portugal-mart%C3%ADnez-del-peral-05344729_inmunidad-soberana-soberana-tonter%C3%ADa-share-7466002567584514048-l-Jk/?utm_source=share&utm_medium=member_android&rcm=ACoAAAXwM38B3ypt6mZ4u6v0GlOTOv9ZqpMnMeM

Y véase https://www.hispanidad.com/economia/desastre-laudos-renovables-creo-psoe-zapatero-continuo-pp-rajoy-sigue-creciendo_12067428_102.html