La crisis migratoria en Canarias ha cruzado una nueva línea roja esta madrugada. No se trata de un episodio más, sino de la constatación de que el control de nuestras fronteras ha sido cedido a las mafias. El rescate de 122 inmigrantes a bordo de una única lancha neumática al sureste de Lanzarote no es solo una cifra; es el símbolo de un Estado desbordado y de unas políticas de «puertas abiertas» cuyo único resultado es el enriquecimiento de las redes de tráfico de personas y un riesgo humano inasumible.
Un rescate que evidencia el descontrol
Los hechos son elocuentes. La embarcación Salvamar Al Nair de Salvamento Marítimo interceptó la lancha a 72 kilómetros de Arrecife. En su interior, 122 personas (101 hombres, nueve mujeres y doce menores) viajaban en condiciones infrahumanas. Este tipo de embarcaciones, diseñadas para una fracción de esa cifra, solían transportar un máximo de 80 personas. El nuevo récord demuestra que las mafias operan con una audacia creciente, maximizando su beneficio por travesía sin importar el coste en vidas humanas.
Mientras los efectivos de emergencia atendían a los rescatados, muchos con síntomas de deshidratación severa, otra patera con 28 inmigrantes más llegaba por sus propios medios a la costa de Haría. En total, 150 personas en una sola noche y en una sola isla. La imagen no es de acogida, sino de caos.
Según los últimos datos del Ministerio del Interior, hasta el 30 de junio de 2024 llegaron a Canarias 23.197 inmigrantes por vía marítima. Esta cifra supone un alarmante incremento del 255,9% respecto al mismo periodo de 2023. (Fuente: Ministerio del Interior).
El fracaso de la política de Marlaska
Estos datos no son fruto de la casualidad, sino la consecuencia directa de una política migratoria errática y permisiva. El Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, insiste en vender una imagen de control y cooperación con Marruecos que la realidad desmiente a diario. Cada patera que llega a nuestras costas es la prueba del fracaso de esos acuerdos y de la ineficacia de una estrategia basada más en la propaganda que en la seguridad fronteriza.
Mientras el Gobierno habla de «migración ordenada y segura», las mafias imponen su ley en el Atlántico con embarcaciones cada vez más sobrecargadas y peligrosas, batiendo récords de ocupación que convierten la Ruta Canaria en una de las más mortíferas del mundo.
La permisividad genera un potente «efecto llamada» que alimenta un negocio millonario para las redes criminales. La falta de una política de devoluciones efectiva y la percepción de que llegar a España es la puerta de entrada a Europa convierten nuestras costas en el objetivo prioritario de una inmigración descontrolada.
– Posición reiterada por Fernando Clavijo, presidente de Canarias, en diversos medios.
Canarias, un archipiélago al límite
El archipiélago canario es la víctima principal de esta inacción. Sus servicios de emergencia, acogida y seguridad están completamente saturados. La solidaridad de los canarios tiene un límite, y la tensión social crece ante la incapacidad del Gobierno central para ofrecer soluciones reales y duraderas. La gestión de la crisis no puede recaer indefinidamente sobre los hombros de una comunidad autónoma.
El récord de 122 personas en una lancha neumática es una advertencia final. O el Gobierno de Pedro Sánchez asume su responsabilidad, endurece su política de fronteras y combate con firmeza a las mafias, o la situación en Canarias derivará en un colapso social y de seguridad de consecuencias imprevisibles. La defensa de la libertad y la seguridad jurídica empieza por el control efectivo del propio territorio.