La estrategia es clara y coordinada: evitar a toda costa la imagen de altos cargos vinculados al Gobierno y al PSOE desfilando por el Tribunal Supremo para ser interrogados en el juicio del ‘caso Koldo’. El último en sumarse a esta maniobra de evasión ha sido Francisco Pardo Piqueras, director general de la Policía Nacional, quien ha solicitado formalmente no tener que declarar en persona el próximo 14 de abril.
Su petición sigue la estela de las ya presentadas por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ambos citados como testigos clave en la trama de compra de mascarillas que salpica al corazón del socialismo. Se atrinchera así la cúpula del poder, buscando en los recovecos de la ley un escudo contra el escrutinio público y judicial.
Pardo Piqueras: por escrito o desde el ‘lugar seguro’ de su despacho
Pardo Piqueras, citado a petición de la defensa de Koldo García, debía aclarar la compra de material sanitario para la Policía Nacional a través de la empresa de la trama, Soluciones de Gestión. Sin embargo, en un escrito remitido al Alto Tribunal, invoca su cargo para eludir la comparecencia física.
En su escrito, Pardo Piqueras alude al artículo 703 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para que la declaración «se haga de manera que no perturbe el adecuado ejercicio de sus cargos». Por ello, solicita que «se autorice que esta declaración se produzca por escrito mediante la remisión del oportuno pliego de preguntas».
Pero el director de la Policía ofrece una alternativa por si el tribunal rechaza su primera opción: declarar desde la comodidad y seguridad de su propio despacho. Pide que, subsidiariamente, la testifical «se produzca desde mi despacho oficial a través de una videoconferencia», calificando la sede de la Dirección General como un «lugar seguro» para tal fin. Una petición que busca convertir una obligación procesal en un trámite administrativo a distancia.
El privilegio como escudo
Los artículos 412 y 703 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) otorgan ciertas prerrogativas a altos cargos del Estado (miembros del Gobierno, presidentes autonómicos, etc.) para eximirles de comparecer en persona, con el fin de no entorpecer la gobernabilidad. Sin embargo, la interpretación de esta norma es clave. ¿Se está utilizando para proteger la función pública o como un privilegio para evitar el desgaste político y la rendición de cuentas en un caso de presunta corrupción? La declaración por escrito, además, anula la posibilidad de repreguntas inmediatas y espontáneas, un elemento crucial para el esclarecimiento de la verdad.
El ‘efecto dominó’: Torres y Armengol, pioneros en la espantada
La iniciativa de Pardo Piqueras no es original. Se suma a las ya conocidas del ministro Ángel Víctor Torres y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ambos citados para el 22 de abril. Torres, investigado por las compras de mascarillas cuando era presidente de Canarias, esgrime su doble condición de ex presidente autonómico y actual ministro para pedir declarar por escrito.
«Vengo a interesar que dicha declaración testifical se practique por escrito, al amparo de lo previsto en el artículo 412.2º Y 703 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal», reza el escrito de Torres, argumentando que los hechos sobre los que se le pregunta ocurrieron durante su mandato en Canarias.
Por su parte, Armengol, cuya gestión en Baleares también está bajo la lupa por la compra de mascarillas defectuosas a la misma trama, solicitó el mismo día de recibir la citación acogerse a su prerrogativa para responder a las preguntas por escrito. Una forma de evitar las incómodas preguntas sobre por qué su gobierno compró el material, lo almacenó sabiendo que era inservible y reclamó el dinero años después, justo cuando el caso estaba a punto de estallar.
Más allá de la letra pequeña de la ley, la estrategia es evidente: evitar a toda costa la imagen de altos cargos socialistas desfilando por el Tribunal Supremo para ser interrogados en un juicio por corrupción. Una foto que dinamitaría el relato de ejemplaridad y transparencia del Gobierno de Pedro Sánchez.
La lista de la evasión judicial
La negativa a someterse al interrogatorio presencial se extiende. A la espera de la decisión del Tribunal Supremo, esta es la lista de altos cargos que buscan un trato preferente:
- Francisco Pardo Piqueras (Director de la Policía): Solicita declarar por escrito o, en su defecto, por videoconferencia desde su despacho.
- Ángel Víctor Torres (Ministro y ex presidente de Canarias): Solicita declarar por escrito.
- Francina Armengol (Presidenta del Congreso y ex presidenta de Baleares): Solicita declarar por escrito.
- Víctor Francos Díaz (Presidente del CSD): También ha solicitado declarar por videoconferencia.
El Alto Tribunal tiene ahora la última palabra. Su decisión no solo afectará al desarrollo del juicio, sino que sentará un precedente sobre si los privilegios procesales de los políticos están por encima del principio de igualdad ante la ley y la necesaria transparencia en uno de los mayores escándalos de corrupción de los últimos años.