La ministra de Sanidad, Mónica García, ha consumado su ruptura con las comunidades autónomas. En un pleno extraordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), convocado teóricamente para analizar el estado del Estatuto Marco, la ministra ha dinamitado cualquier puente de diálogo al rechazar de plano la petición unánime de las regiones para reiniciar las negociaciones desde cero. La respuesta, cargada de desafío, evidencia una estrategia de imposición que ignora a los gestores directos de la sanidad.
«No lo voy a hacer. Ya les digo que ni me voy a saltar la ley ni voy a dejar en ‘stand by’ las condiciones laborales de los profesionales que llevan 20 años esperando. Tampoco voy a romper el acuerdo alcanzado con los sindicatos mayoritarios».
– Mónica García, en rueda de prensa posterior al CISNS (22 de julio de 2024, RTVE Noticias)
Con estas palabras, García no solo desoye a los consejeros autonómicos, sino que se erige en única interlocutora de unos «profesionales» y «sindicatos» que, en realidad, están profundamente divididos. La ministra obvia que los principales sindicatos médicos, como CESM, han convocado huelgas precisamente por su disconformidad con esta reforma unilateral.
Invasión de competencias y desprecio a los gestores
La postura del Ministerio de Sanidad choca frontalmente con la realidad competencial del Estado de las Autonomías. Son los gobiernos regionales quienes ostentan la gestión sanitaria y, por tanto, quienes deben aplicar y financiar cualquier modificación legislativa. Imponer un texto sin su acuerdo no es solo una deslealtad institucional, sino una irresponsabilidad que pone en jaque la viabilidad del sistema.
Apunte Jurídico: La Realidad Competencial
El artículo 149.1.16ª de la Constitución Española establece que el Estado tiene competencia exclusiva sobre las «bases y coordinación general de la sanidad». Sin embargo, el artículo 148.1.21ª permite a las CCAA asumir competencias en «sanidad e higiene». Prácticamente todas las CCAA tienen estas competencias transferidas, lo que las convierte en las responsables de la organización, planificación y gestión de los servicios sanitarios. Legislar sobre las condiciones laborales del personal a su cargo sin un consenso explícito con ellas supone una clara extralimitación de las funciones de coordinación del Ministerio.
Las comunidades, a través de una carta conjunta, ya habían advertido a la ministra que «el proceso no ha logrado el consenso necesario» y que seguir adelante compromete gravemente la atención a los pacientes. La respuesta de García ha sido redoblar la apuesta: «Si alguna pretende desmarcarse, es libre de hacerlo».
Los puntos de la discordia: Guardias y Listas de Espera
El conflicto se centra en dos ejes principales que el Ministerio pretende imponer sin atender a las alegaciones técnicas y presupuestarias de las regiones:
- Eliminación de las guardias de 24 horas: Calificada por las autonomías como una medida «destructiva», «imposible» e «irrealizable» sin una memoria económica y un plan de refuerzo de plantillas. Las CCAA no se oponen al objetivo final, sino a la implantación abrupta sin planificación, lo que abocaría al cierre de servicios de urgencias, especialmente en zonas rurales. García replica que «lo destructivo es mantener las guardias de 24 horas», un eslogan que ignora la complejidad logística de la propuesta.
- Modificación del cómputo de listas de espera: Las regiones denuncian que el Ministerio quiere aprobar un nuevo sistema de recuento sin consenso técnico, ignorando las alegaciones presentadas. Exigen que el asunto regrese a la Comisión Delegada para garantizar la «seguridad jurídica, homogeneidad metodológica y confianza en los datos», sospechando que el cambio busca un maquillaje estadístico más que una mejora real.
Una Oposición Mayoritaria
Lejos de ser un capricho de algunas regiones, la petición de paralizar la reforma y empezar de cero fue respaldada por la práctica totalidad de las comunidades autónomas, incluyendo varias gobernadas por el PSOE. Advierten que la falta de consenso y planificación aboca al Sistema Nacional de Salud a un escenario de caos organizativo e inseguridad jurídica.
La ministra de Sanidad, en definitiva, ha optado por la confrontación en lugar de la coordinación. Al atrincherarse en un supuesto acuerdo con «sindicatos mayoritarios» —que no incluye a los médicos— y hablar en nombre de unos «profesionales» que anuncian nuevas movilizaciones en su contra, Mónica García antepone su agenda ideológica a la estabilidad del pilar fundamental de nuestro estado del bienestar.