La Xunta, acorralada por la calle: ¿Puede la presión popular tumbar el proyecto de Altri al margen de la ley?
La masiva manifestación celebrada este domingo en Santiago de Compostela contra el proyecto industrial de Altri en Palas de Rei (Lugo) ha colocado al Gobierno de la Xunta de Galicia ante una encrucijada fundamental: ceder ante el clamor popular o ceñirse estrictamente al procedimiento administrativo y al Estado de Derecho. Aunque los organizadores cifran la asistencia en cerca de 80.000 personas, la decisión final sobre la planta de celulosa no puede ser, ni debe ser, un referéndum a pie de calle, sino el resultado de un análisis técnico y jurídico riguroso.
La calle exige una decisión política, la ley una decisión técnica
Bajo el lema «Dende a Ulloa ata o mar, polas que somos e as que virán», las plataformas Ulloa Viva y En Defensa da Ría de Arousa han articulado una notable movilización social. El mensaje es claro y directo: un «no» rotundo al proyecto. Marta Gontá, portavoz de Ulloa Viva, declaró que es necesario «salvaguardar los recursos naturales en beneficio de la población y no permitir que caigan en manos de empresas que buscan lucrarse».
Este planteamiento, si bien legítimo desde una perspectiva activista, presenta el debate como una dicotomía entre el interés general y el beneficio privado, obviando que el marco legal existente está precisamente diseñado para ponderar y compatibilizar ambos aspectos. La Administración no es un árbitro movido por la opinión pública, sino un ejecutor de la normativa vigente.
El riesgo de la prevaricación administrativa por clamor popular
La culminación de la protesta en la Praza do Obradoiro con el grito de «Altri no, fuera ya» interpela directamente al ejecutivo gallego, exigiéndole que deniegue la autorización ambiental. Sin embargo, esta exigencia sitúa a la Xunta ante el riesgo de tomar una decisión arbitraria si no cuenta con fundamentos técnicos que la respalden.
Si los informes técnicos avalan que el proyecto de Altri cumple con todos los requisitos medioambientales que marca la ley, una denegación basada únicamente en la presión social podría ser constitutiva de prevaricación administrativa. Este escenario no solo tendría consecuencias legales para los responsables políticos, sino que además sentaría un precedente de inseguridad jurídica devastador para cualquier futura inversión en la comunidad.
En definitiva, el Gobierno gallego se enfrenta a una prueba de madurez democrática. La verdadera fortaleza de una administración no reside en su capacidad para seguir el dictado de la manifestación más numerosa, sino en su compromiso inquebrantable con la ley y los procedimientos reglados, garantizando así los derechos de todos, incluidos los de aquellos que desean invertir y crear empleo dentro del marco legal vigente.