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Mari Mar Blanco acusa a Sánchez de una ‘amnistía encubierta’ a etarras: ‘Otegi puso el precio y él aceptó’

La senadora del PP, Mari Mar Blanco, ha acusado este domingo al Gobierno de Pedro Sánchez de «traicionar» el espíritu de Ermua «cada vez que se sienta con los herederos de quienes mataron a mi hermano». Durante un emotivo homenaje a Miguel Ángel Blanco en el municipio vizcaíno, la cúpula del Partido Popular, encabezada por Cuca Gamarra y el líder del PP vasco, Javier de Andrés, ha arropado a la familia del edil asesinado por ETA y ha denunciado las cesiones del Ejecutivo a sus socios parlamentarios de EH Bildu.

Visiblemente emocionada durante la ofrenda floral, la hermana de Miguel Ángel Blanco ha cargado contra la política de pactos del Ejecutivo, acusando directamente al presidente del Gobierno de desmantelar el legado de dignidad nacido en julio de 1997. «Cada vez que se sienta con los herederos de quienes mataron a mi hermano», sentenció, en una clara alusión a las negociaciones con la formación abertzale.

Una «amnistía encubierta» dictada por Otegi

Mari Mar Blanco recordó que su hermano «no era un héroe de leyenda, sino un chaval de Ermua con toda una vida por delante, a quien se la robaron a sangre fría». Subrayó que, aunque la movilización de «millones de personas» con las manos blancas no pudo salvarle, «de aquel sufrimiento surgió un país entero que no pudo arrodillarse», lo que supuso «la gran derrota moral de los terroristas».

Un legado que, según denunció, el actual Gobierno está menoscabando para asegurar su supervivencia política. «En España sale más a cuenta haber matado que haber sufrido. Mientras las víctimas seguimos suplicando justicia solo recibimos una amnistía encubierta de asesinos que no se han arrepentido ni han colaborado con la justicia«, lamentó la senadora.

Apunte Jurídico: La expresión «amnistía encubierta» es una crítica política que no se corresponde con una figura legal. La Constitución Española prohíbe los indultos generales (Art. 62.i). Los beneficios penitenciarios, como la progresión al tercer grado, son parte de la ejecución de la pena y están regulados por la Ley Orgánica General Penitenciaria. Su concesión es una competencia administrativa (en este caso, del Gobierno Vasco), pero siempre bajo la supervisión y aprobación final del Juez de Vigilancia Penitenciaria, con posibilidad de recurso por parte de la Fiscalía ante la Audiencia Nacional.

Las críticas de Blanco se extendieron al Gobierno vasco, acusando a la consejera de Justicia de haber «convertido su despacho en una puerta giratoria para sacar a los asesinos» y de poner «una alfombra roja a los verdugos». Para la senadora, esta situación es consecuencia directa de un «pacto encapuchado», afirmando que «Otegi puso el precio y Sánchez aceptó».

El PP se planta frente al blanqueamiento de Bildu

En el acto, el presidente del PP de Euskadi, Javier de Andrés, alertó sobre el clima de impunidad en la región, denunciando que la sociedad vasca sufre «bullying» con coacciones a ertzainas y políticos. Una realidad ante la que, según De Andrés, el Ejecutivo de Sánchez «cierra los ojos» porque «los acosadores son sus socios».

Por su parte, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, marcó una línea clara con la estrategia del PSOE, asegurando que su formación «no va a blanquear a Bildu». Gamarra anunció que la «prioridad» de los populares será llevar ante la justicia a los autores intelectuales de los crímenes de ETA y esclarecer los 376 asesinatos aún sin resolver.

Apunte Jurídico: La persecución de los «autores intelectuales» o por mediación se enmarca en la doctrina jurídica sobre la autoría en aparatos organizados de poder. Aunque la prescripción de los delitos es un obstáculo, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha permitido en ocasiones reabrir casos si aparecen nuevas pruebas. La responsabilidad penal es individual y debe ser probada en sede judicial, separada de la responsabilidad política que se dirime en el ámbito parlamentario.

Asimismo, Gamarra criticó el uso de la legislación penitenciaria por parte del Gobierno, afirmando que permite que «condenados por terrorismo estén en las calles, para que él permanezca en la Moncloa». Concluyó que el país vive el peor momento no solo por la corrupción económica, sino por la «ética y moral por haber convertido a Bildu en socio prioritario del sanchismo».