La investigación sobre el polémico rescate de Plus Ultra con 53 millones de euros de dinero público escala a un nuevo y preocupante nivel. Los chats intervenidos por Estados Unidos y analizados por la UDEF no solo apuntan a un presunto tráfico de influencias para obtener fondos de la SEPI, sino que revelan mediaciones directas con la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), el organismo encargado de velar por la seguridad de las operaciones de vuelo, no por la viabilidad económica de las aerolíneas.
«Los tenemos en un bolsillito bien guardadito»
El informe de la UDEF, basado en las comunicaciones del entorno de la aerolínea, es demoledor. Recoge conversaciones que evidencian un alarmante grado de confianza en su capacidad para influir en las decisiones de la agencia de seguridad. En un audio enviado por Roberto Roselli, directivo de Plus Ultra, se presume de tener bajo control a los responsables de AESA que evaluaban el plan de viabilidad de la compañía.
Extracto del informe de la UDEF sobre el audio del 7 de octubre de 2020:
«Santiago, oye, acabo de hablar con Daniel. Él ha estado en conversaciones con AESA ¿no? En cuanto a dudas sobre el plan de viabilidad. Pues bueno, los tenemos en un bolsillito bien guardadito, están contentos con todo lo que se ha hecho. Lo que si me piden es, ellos pidieron el acta del consejo donde se solicitaba el aumento, pero yo pienso que, no sé, será mejor mandarles la comunicación que enviamos a los accionistas… Evalúa tú si me mandas el extracto del acta o la comunicación que le mandamos a los accionistas, así se lo envío hoy a AESA».
Esta comunicación sugiere no solo una influencia anómala, sino también una estrategia para seleccionar qué documentación se entregaba al organismo regulador, optando por la «opción más conveniente» en lugar de la requerida formalmente, como era el acta del consejo.
La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) es un organismo técnico cuya misión es garantizar la seguridad de la aviación civil en España. Su labor se centra en la supervisión de aeronaves, tripulaciones e infraestructuras, no en análisis económicos. Que un plan de viabilidad sea evaluado por AESA es un paso técnico para asegurar que la compañía puede mantener sus operaciones de forma segura. Cualquier interferencia política en este ámbito compromete directamente la seguridad de los pasajeros.
Cronología de la Influencia: De AESA a la SEPI
Las conversaciones intervenidas permiten trazar una cronología que conecta las gestiones ante AESA con las reuniones clave en la SEPI, con el círculo de José Luis Rodríguez Zapatero como nexo. Según consta en el informe de la UDEF, los hechos se sucedieron con una rapidez sospechosa:
- ▶7 de octubre de 2020: Se produce la conversación sobre el control de AESA («en un bolsillito»).
- ▶8 de octubre de 2020: Apenas un día después, Roberto Roselli informa a un accionista que está reunido con la SEPI y que ha puesto al corriente a Julio Martínez Sola, alias ‘Julito’, presunto testaferro de Zapatero.
- ▶14 de octubre de 2020: Julio Martínez Sola informa de que se encuentra reunido con el propio José Luis Rodríguez Zapatero y unos ciudadanos de nacionalidad china, en lo que parece una gestión de negocios paralela.
- ▶19 de octubre de 2020: La SEPI remite a Plus Ultra un requerimiento de subsanación, y ese mismo día se celebra una reunión en la sede del organismo público.
- ▶5 de noviembre de 2020: Se realiza el primer pago de Plus Ultra (6.050 euros) a una de las empresas de la trama por los servicios de asesoramiento.
El objetivo final de estas presuntas maniobras fue la obtención de una ayuda pública de 53 millones de euros del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas de la SEPI, concedida en marzo de 2021 a una aerolínea con una cuota de mercado inferior al 0,1% y cuya consideración de «estratégica» fue ampliamente cuestionada.
La trama del ‘Delcygate’ y los vínculos de la cúpula de Plus Ultra con el régimen de Maduro ya arrojaban serias dudas sobre la idoneidad del rescate. Ahora, las pruebas sobre las presiones a organismos técnicos como AESA añaden una dimensión aún más grave al caso, sugiriendo que se pudieron sortear controles de seguridad esenciales gracias a la mediación de la órbita del expresidente Zapatero. Un escándalo que atenta contra la seguridad jurídica, la libre competencia y, lo que es más importante, la seguridad de todos los ciudadanos.