La muerte de cinco jóvenes de entre 14 y 18 años en el incendio de un trastero en Manlleu (Barcelona) es una tragedia que hiela la sangre. Sin embargo, quedarse en el lamento sería un error y una injusticia. Este suceso no es un simple accidente fortuito; es el síntoma más cruel y visible de un modelo social y político fracasado. Es la consecuencia directa de un intervencionismo que, bajo la bandera de la protección, genera guetos, perpetúa la dependencia y abandona a los más vulnerables en un laberinto de burocracia e ineficiencia.
Un refugio mortal en la azotea del sistema
Los hechos, según han confirmado los Mossos d’Esquadra, apuntan a que un cigarrillo mal apagado sobre un sofá desató el fuego en un pequeño trastero sin ventilación. Este espacio, en la azotea de un edificio propiedad de una entidad bancaria y habitado por familias en situación de vulnerabilidad, era el único lugar de reunión para estos adolescentes. Un refugio precario que se convirtió en una trampa mortal.
LA REALIDAD
Mientras la propaganda oficial habla de «escudo social» y «derecho a la vivienda», la realidad es que el Estado crea las condiciones para que cinco jóvenes tengan como único espacio de ocio un trastero sin salida. La tragedia de Manlleu no es un fallo del sistema, es el sistema funcionando como ha sido diseñado: creando dependencia en lugar de autonomía.
La policía catalana ha descartado la presencia de explosivos o acelerantes, confirmando la naturaleza accidental del origen del fuego. Pero lo que no es accidental es el contexto. ¿Por qué unos jóvenes se ven abocados a reunirse en un zulo? ¿Por qué sus familias viven en un edificio propiedad de un banco, en un limbo de precariedad? La respuesta está en las políticas que han dinamitado el mercado del alquiler y han convertido la vivienda en un arma ideológica.
La respuesta política: lágrimas de cocodrilo y cero autocrítica
Como es habitual, la clase política ha reaccionado con la consabida cascada de condolencias y minutos de silencio. El alcalde de Manlleu, Àlex Garrido, calificó el suceso de «una tragedia que nos ha golpeado a todos». Palabras vacías si no van acompañadas de una reflexión profunda sobre las causas que subyacen.
«Estamos consternados. Es un golpe muy duro para nuestro municipio. Ahora es el momento de estar al lado de las familias».
— Declaraciones del alcalde de Manlleu recogidas por El Mundo.
Estar al lado de las familias es necesario, pero la verdadera responsabilidad política es evitar que estas situaciones se repitan. Y eso exige desmantelar el entramado de regulaciones, ayudas ineficaces y burocracia que cronifican la pobreza. El edificio era un activo bancario, un vestigio de la crisis de 2008 que el Estado, a través de sus mecanismos, ha sido incapaz de gestionar eficientemente, dejando a familias en una situación de inseguridad permanente.
APUNTE JURÍDICO
Los inmuebles en manos de la banca o de la SAREB (el ‘banco malo’ creado con dinero público) a menudo caen en un limbo legal y de gestión. La lentitud burocrática para su adjudicación como vivienda social o su puesta en el mercado genera un parque inmobiliario degradado e infrautilizado, que se convierte en un foco de problemas sociales y de seguridad, como demuestra este trágico caso.
El fracaso de un modelo que necesita pobres
España sufre un déficit estructural de vivienda social, pero no por falta de recursos, sino por un enfoque erróneo. En lugar de fomentar un mercado libre y dinámico que ofrezca soluciones habitacionales asequibles, se opta por la intervención, el control de precios y la demonización del propietario. El resultado es una oferta raquítica, precios disparados en el mercado libre y un parque de vivienda social que es una gota en el océano de la necesidad.
DATO CLAVE
El parque de vivienda social en España apenas representa el 2,5% del total de viviendas principales, muy por debajo de la media de la Unión Europea, que se sitúa en el 9,3%. Países como Países Bajos (30%) o Austria (24%) demuestran que otros modelos son posibles y más eficaces.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y Eurostat.
La tragedia de Manlleu es el coste humano de estas políticas. Es la foto fija de un Estado del Bienestar que, en su afán por controlarlo todo, desprotege a quienes dice defender. No se sale de la vulnerabilidad con subsidios que generan dependencia, sino con empleo, libertad económica y seguridad jurídica. La mejor política social es un mercado laboral libre y un mercado de la vivienda que funcione. Todo lo demás, como hemos visto de la forma más dolorosa posible, es un camino hacia la miseria y la desesperación.