La principal ofensiva económica de Alberto Núñez Feijóo contra el Gobierno de Pedro Sánchez tiene un nombre técnico pero un impacto directo en el bolsillo de millones de españoles: deflactar el IRPF. Lejos de ser una simple bajada de impuestos, esta propuesta busca neutralizar la subida fiscal encubierta que provoca la inflación, un fenómeno que el Partido Popular califica como el pilar del «disparate económico» del sanchismo.
El impuesto silencioso: ¿Qué es la ‘progresividad fría’?
Para comprender la propuesta del PP, es crucial entender el mecanismo que denuncian. Cuando la inflación dispara los precios, los salarios suelen tener tímidos aumentos para no perder poder adquisitivo. Sin embargo, este incremento nominal, que no real, puede hacer que un trabajador salte al siguiente tramo del IRPF, pagando un tipo más alto por un dinero que apenas le sirve para cubrir el encarecimiento de la vida. El Estado recauda más sin haber subido oficialmente los impuestos.
La deflactación del IRPF consiste en ajustar los tramos de la tarifa del impuesto, así como los mínimos personales y familiares, a la tasa de inflación (IPC). El objetivo es evitar la llamada «progresividad fría»: un aumento de la carga fiscal que no se corresponde con un incremento real de la capacidad económica del contribuyente, sino con el efecto de la subida generalizada de precios.
Feijóo insiste en que esta situación es una «ilegalidad moral» que permite al Ejecutivo financiar un gasto público descontrolado a costa de las familias, especialmente de las rentas medias, aquellas que ganan entre 22.000 y 35.000 euros anuales y que son las más perjudicadas por este efecto.
«El Gobierno se está forrando a costa de la subida de los precios y de no deflactar la tarifa del IRPF. Si un ciudadano paga 3.000 euros más que en el 18, es evidente que las clases medias no pueden ahorrar».
— Alberto Núñez Feijóo, en declaraciones a Antena 3, 27 de mayo de 2024.
El Gobierno se niega mientras la recaudación bate récords
La negativa del Ministerio de Hacienda, dirigido por María Jesús Montero, a aplicar esta medida a nivel estatal se justifica en la necesidad de sostener los servicios públicos. Sin embargo, esta argumentación choca frontalmente con los datos oficiales de recaudación.
El Gobierno argumenta que no puede bajar impuestos, pero la Agencia Tributaria confirmó una recaudación récord en 2023 de 271.935 millones de euros, un 6,4% más que el año anterior. Gran parte de este aumento se debe al efecto de la inflación sobre el IRPF y el IVA, sin necesidad de aprobar nuevas subidas fiscales.
Para el PP, este excedente recaudatorio no es fruto de una mejor gestión, sino de un «impuesto silencioso» que drena la capacidad de consumo y ahorro de los españoles. La propuesta de Feijóo es clara: devolver ese dinero a sus legítimos dueños para que puedan afrontar el encarecimiento de la cesta de la compra, la energía o las hipotecas.
El modelo autonómico del PP como prueba de gestión
Mientras el debate se enquista a nivel nacional, varias comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han tomado la iniciativa, aplicando en su tramo autonómico del IRPF la medida que Feijóo exige para toda España. Esto ha creado un mapa fiscal a dos velocidades.
- Comunidad de Madrid: Pionera en la deflactación sistemática de la tarifa autonómica del IRPF.
- Andalucía: Además de deflactar los primeros tramos, ha suprimido el Impuesto de Patrimonio, convirtiéndose en un polo de atracción de inversión. Feijóo pone a Juanma Moreno como ejemplo de gestión que permite «bajar impuestos y mejorar servicios».
- Otras regiones: Galicia, Comunidad Valenciana, Murcia y Aragón también han aplicado medidas de deflactación en los últimos años.
El modelo del PP sostiene que dejar más dinero en el bolsillo del ciudadano no merma la recaudación a largo plazo. Al contrario, incentiva el consumo (lo que aumenta los ingresos por IVA) y atrae a nuevos contribuyentes, dinamizando la economía. Los resultados electorales, según Feijóo, avalan este modelo frente al «infantilismo ministerial» y el «cinismo» de un Gobierno que se beneficia de la crisis para engordar las arcas del Estado.
Según estimaciones de expertos fiscalistas, la no deflactación del IRPF estatal desde 2018 ha supuesto un sobrecoste acumulado de cientos de euros al año para un contribuyente con un salario medio, una cifra que se dispara en familias con dos sueldos.
En definitiva, la batalla por la deflactación del IRPF es mucho más que una discusión técnica. Es el choque entre dos visiones de la economía y del Estado: una que prioriza la capacidad recaudatoria para sostener un gasto público creciente, y otra que defiende la libertad individual y la protección del poder adquisitivo como motores del progreso.