La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha intervenido un documento que desvela un presunto plan orquestado desde la denominada ‘cloaca del PSOE’ para apartar a la magistrada Beatriz Biedma, titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz. La operación buscaba neutralizar a la juez mientras investigaba a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por presunta corrupción.
El hermano del presidente, junto al expresidente socialista de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y otros nueve acusados, fueron juzgados por delitos de prevaricación y tráfico de influencias. El juicio quedó visto para sentencia el pasado 9 de junio, poniendo el foco sobre la gestión de fondos públicos en la diputación provincial.
El plan para neutralizar a la juez, al descubierto
El documento clave, denominado «Estado de situación» y fechado el 16 de enero de 2025, forma parte del sumario que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. En un epígrafe titulado «Badajoz», se detallan las maniobras del abogado Luis Sáenz de Tejada para desacreditar y apartar a la juez Biedma.
«Se acordó con Luis Sáenz de Tejada que él interpondría una denuncia en Fiscalía General para denunciar los casos de corrupción judicial que hay en Badajoz y que, afectan, entre ellos, a la jueza que instruye el caso de David Sánchez. Después de decirle que lo hiciera de una determinada manera y de enviar la denuncia, la archivaron a los dos días».
La insistencia de la trama no cesó tras el primer archivo. El documento revela la estrategia de presión continuada sobre las instituciones judiciales:
«Se volvió a presentar la misma denuncia, con los modificados que se habían pedido, el 21-11-2024 al CGPJ», y posteriormente, «la misma denuncia se envió a la Fiscalía General el 27-11-2024 y sin que se hubiera hecho trámite alguno, la fiscal jefa de la Secretaría Técnica la envió a la Fiscalía Superior de Extremadura».
El objetivo, según el escrito, iba más allá del caso de Badajoz, apuntando a una estrategia más amplia: «El mismo Luis Sáenz de Tejada está dispuesto a interponer denuncias en el CGPJ contra varios magistrados conservadores por ilegalidades, pero está pendiente primero de resolver lo de Badajoz».
Conexiones con la trama Koldo y ataques a la UCO
El documento incautado no solo se centra en el hermano del presidente. También dedica un apartado a la trama Koldo bajo el título «ÁBALOS», donde se intenta desacreditar la investigación de la propia UCO y se esboza una estrategia para tumbar la causa.
«La UCO intervino comunicaciones por escrito que iban dirigidas a José Luis [Ábalos] estando aforado sin que hubiera orden judicial ni se hubiera solicitado el aforamiento ante el Tribunal Supremo (…) son conscientes de que hay una parte de la UCO que está corrompida. Es la misma unidad que ha hecho los informes del FGE. Cayendo la de Ábalos, cae la del FGE».
Curiosamente, el documento contiene un error al señalar a la fiscal Pilar Rodríguez, ya que la teniente fiscal del Tribunal Supremo es en realidad Ángeles Sánchez Conde, lo que evidencia cierta imprecisión en sus maquinaciones.
La cúpula de la Guardia Civil, imputada
Las ramificaciones de esta presunta trama de obstrucción a la justicia han alcanzado las más altas esferas. El juez Pedraz, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, ha tomado medidas drásticas que sacuden los cimientos del Ministerio del Interior.
El juez Santiago Pedraz ha acordado la imputación de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y del Director Adjunto Operativo (DAO), Manuel Llamas. Ambos deberán declarar como investigados el próximo 16 de julio por presuntos delitos de prevaricación (art. 404 CP) y obstrucción a la justicia (art. 464.1 CP). Esta decisión supone un golpe directo a la cúpula del Cuerpo y evidencia la gravedad de las sospechas que pesan sobre la gestión política de la seguridad del Estado.