La Audiencia Nacional se convierte en el epicentro de un terremoto político que amenaza con sacudir los cimientos del Partido Socialista. Durante las primeras semanas de julio, el juez Santiago Pedraz tomará declaración a una veintena de testigos en el caso que investiga una presunta trama de espionaje y obstrucción a la justicia orquestada desde el entorno del PSOE para proteger a Pedro Sánchez y a sus allegados. Las comparecencias de la presidenta del partido, Cristina Narbona, y de un comandante de la Guardia Civil marcan una semana crítica para el Gobierno.
El núcleo de la investigación: Una presunta red para torpedear a la Justicia
El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5, Santiago Pedraz, investiga una presunta organización criminal dedicada a la obstaculización de procesos judiciales que afectan directamente al PSOE o al círculo más íntimo de Pedro Sánchez. La causa se centra en determinar si se utilizaron recursos y contactos al más alto nivel para interferir en investigaciones, como la que afecta al hermano del presidente, David Sánchez, a cambio de favores o información comprometedora.
La investigación, impulsada por informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha destapado una red de contactos que incluye a abogados, empresarios y figuras clave del partido, con la ‘fontanera’ socialista Leire Díez como uno de los nexos principales.
Desfile en la Audiencia: Las declaraciones clave
El magistrado ha citado a 22 testigos en una batería de declaraciones que se antoja decisiva. Esta es la cronología de las comparecencias más relevantes:
- ▶️ Martes 2 de julio: Comandante Rubén Villalba. Este mando de la Guardia Civil admitió ante la UCO haberse reunido en dos ocasiones con Leire Díez. Según su testimonio, ella se presentó como una persona con hilo directo con «los de arriba» o «los de arriba del Gobierno», una declaración que apunta directamente a la cúpula del poder.
- ▶️ Miércoles 3 de julio: Joaquín Parra. Empresario condenado en el pasado, Parra declaró que Leire Díez le fue presentada como alguien que podía ayudarle en sus causas judiciales. El presunto trato era un intercambio de favores de manual.
A Joaquín Parra se le habría ofrecido ayuda en sus causas a cambio de que aportara «contactos de interés o información comprometedora sobre la Juez que instruía la causa judicial del hermano del Presidente«. Un intento flagrante de presionar a la judicatura para proteger a la familia de Sánchez.
- ▶️ Jueves 4 de julio: Claudio Rivas. Otro empresario investigado en la Audiencia Nacional que reconoció haberse reunido con Jacobo Teijelo, uno de los abogados de la trama, y con Leticia de la Hoz, abogada de Koldo García.
- ▶️ Viernes 5 de julio: Cristina Narbona. La presidenta del PSOE y figura histórica del partido deberá explicar su papel en la trama. Su citación se debe a unos mensajes de julio de 2022 con Leire Díez, interceptados por la UCO.
En los mensajes, Díez habla de la necesidad de «reconducir» los «ataques» al presidente del Gobierno para dar «ayuda cualificada» y darle la vuelta al asunto «como un calcetín». La respuesta de Narbona es demoledora por su aparente normalidad: «Se lo había contado a Santos [Cerdán] el otro día». Esta frase sitúa al ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en el centro de la conspiración.
El rastro de confesiones y dinero
Las declaraciones de esta semana se suman a las ya practicadas, que no hacen más que confirmar la gravedad de los hechos. El abogado Jacobo Teijelo ya reconoció ante el juez sus reuniones en la Fiscalía General del Estado junto a Leire Díez y, crucialmente, admitió haber cobrado dinero del Partido Socialista hasta que asumió la defensa de Santos Cerdán.
Por su parte, la empresaria Carmen Pano ratificó en sede judicial una de las acusaciones más graves del caso, que salpica directamente al ‘caso Koldo’.
Carmen Pano declaró que Leticia de la Hoz, abogada de Koldo García, le ofreció 250.000 euros para que cambiara su versión sobre las entregas de dinero en la sede del PSOE en Ferraz.
La trama se cierra sobre sí misma, conectando diferentes escándalos y apuntando a una operativa sistemática para usar las instituciones y recursos opacos con un único fin: proteger al poder a cualquier precio, aunque ello suponga pisotear la independencia judicial y el Estado de Derecho.