Tras más de un año de presión y la declaración formal de Conflicto Colectivo, el sindicato mayoritario JUPOL ha conseguido doblegar la inacción de la Administración y forzar la convocatoria de un Pleno Extraordinario del Consejo de Policía. La cita, fijada para el próximo 9 de abril, supone un primer paso obligado por la persistencia sindical ante lo que denuncian como un bloqueo sistemático por parte del Ministerio del Interior a sus reivindicaciones históricas: una equiparación salarial real y una jubilación digna.
Un Marco de Negociación Anclado en el Pasado
La raíz del conflicto, según JUPOL, no solo reside en las demandas económicas y laborales, sino en la propia estructura de diálogo. El Consejo de Policía, el supuesto foro de negociación, se rige por una normativa provisional que data de 1987, un vestigio preconstitucional en la práctica que, según los agentes, está diseñado para impedir cualquier negociación real y convertir las reuniones en meros trámites informativos.
La normativa que regula el Consejo de Policía fue aprobada de forma provisional hace casi cuatro décadas. Los sindicatos denuncian que su carácter obsoleto limita drásticamente los derechos de representación y convierte el órgano en una cámara consultiva sin capacidad vinculante. En la práctica, permite a la Dirección General de la Policía imponer sus decisiones sin un diálogo efectivo, un modelo que JUPOL califica de «maquillaje democrático».
— Aarón Rivero, secretario general de JUPOL
Las Dos Exigencias Irrenunciables: Salario y Jubilación
El Conflicto Colectivo se sustenta en dos pilares que evidencian el agravio comparativo que sufren los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil frente a los cuerpos autonómicos.
Según JUPOL, la diferencia retributiva entre un Policía Nacional y un agente de una policía autonómica supera los 7.400 euros anuales. Esta brecha se manifiesta en el sueldo base, las pagas extraordinarias, el precio de las horas extra y las dietas por asistencia a juicios.
En materia de jubilación, la discriminación es si cabe más sangrante. Los policías nacionales adscritos al régimen de Clases Pasivas no tienen acceso a la jubilación anticipada con coeficientes reductores por peligrosidad, un derecho que sí tienen reconocido policías autonómicas y locales. Esta desigualdad se traduce en un grave perjuicio económico.
La imposibilidad de acogerse a una jubilación anticipada en igualdad de condiciones provoca que los agentes de Clases Pasivas puedan perder hasta 1.000 euros mensuales en su pensión si se ven obligados a retirarse antes de la edad ordinaria.
— Aarón Rivero, secretario general de JUPOL
Mientras el Gobierno y el Ministerio del Interior presumen públicamente de su apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la realidad es un conflicto laboral enquistado por la negativa a negociar condiciones básicas que otros cuerpos policiales en España ya disfrutan desde hace años.
La Ofensiva Sindical no se Detiene
JUPOL advierte que el Pleno Extraordinario no puede ser una «maniobra dilatoria». Exigen un calendario de trabajo y compromisos concretos. De lo contrario, la presión irá en aumento. La agenda de movilizaciones ya está en marcha, demostrando que la vía del diálogo forzado se complementará con la presión en la calle.
- 18 de abril: Manifestación en Madrid, convocada junto a JUSAPOL y JUCIL, desde la Puerta del Sol para exigir la aprobación inmediata del Real Decreto de jubilación anticipada.
- 29 de abril: Reunión de la Mesa de Trabajo Técnica sobre coeficientes reductores, un avance logrado tras una sentencia del Tribunal Supremo ganada por JUPOL que obliga al Ministerio a mover ficha.
— Aarón Rivero, secretario general de JUPOL
La paciencia de los agentes se ha agotado. La convocatoria de este Pleno no es una concesión del Gobierno, sino una victoria de la presión sindical. El Ministerio del Interior tiene ahora la oportunidad de pasar de las palabras a los hechos o enfrentarse a una intensificación de un conflicto que lleva demasiado tiempo ignorando.