Carles Puigdemont ha experimentado una resurrección política gracias a la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que ha blanqueado la ley de amnistía diseñada por Pedro Sánchez para asegurar su investidura. Tras semanas de un calculado letargo, el prófugo ha vuelto a la acción, y lo ha hecho con una prisa que delata su nerviosismo.
La Prisa del Prófugo: Exigencia de Inmediatez a la Justicia
A Puigdemont le ha entrado una urgencia desmedida por regresar a España, pero los tiempos de la justicia no se pliegan a sus deseos. El primer obstáculo a su impaciencia ha sido el Tribunal de Cuentas. Lejos de aplicar la amnistía de forma automática, el órgano fiscalizador ha seguido el procedimiento legal y ha concedido a las partes, incluida la acusación popular ejercida por Sociedad Civil Catalana, un plazo de diez días para presentar alegaciones. Un trámite garantista que ha sulfurado al líder de Junts.
La respuesta del entorno de Puigdemont ha sido inmediata: una huida hacia adelante. Su letrado, Gonzalo Boye —condenado en su día por colaborar con la banda terrorista ETA en el secuestro de Emiliano Revilla—, ha presentado un escrito ante la Comisión Europea. En él, acusa a las autoridades judiciales españolas de nada menos que «desobediencia» al TJUE por no anular de inmediato todas las causas.
La Paradoja: De Desobedecer al TC a Exigir Sumisión Judicial
La maniobra de Boye busca presionar a Bruselas para que fuerce a España a doblegar a sus propios jueces. El escrito es un compendio de acusaciones graves, donde se afirma que la justicia española pone en peligro la aplicación del derecho comunitario.
Esta apelación al «Estado de Derecho» resulta especialmente llamativa viniendo de quien lo ha pisoteado sistemáticamente.
Carles Puigdemont, el mismo que se jactaba de ignorar las providencias del Tribunal Constitucional que le prohibían convocar un referéndum ilegal y derogar de facto el Estatuto, exige ahora que el Tribunal Supremo y el Tribunal de Cuentas dinamiten los plazos legales y apliquen su amnistía a medida sin escuchar a las acusaciones.
El Calendario Judicial y las Vacaciones del Constitucional
A la impaciencia de Puigdemont, Comín y Puig se suma otro factor: el calendario. El hecho de que los magistrados del Tribunal Constitucional se hayan ido de vacaciones sin resolver los recursos pendientes ha caído como un jarro de agua fría en el separatismo. Aunque el tribunal de garantías ha asegurado que resolverá el primer recurso clave, el de Jordi Turull, el próximo 22 de septiembre, esto retrasa inevitablemente los planes del prófugo.
Este calendario sitúa un posible retorno de Puigdemont a mediados de octubre, una fecha simbólica, pues coincidiría con el noveno aniversario del golpe de Estado de 2017 y su posterior fuga a Bélgica. Mientras tanto, su estrategia es clara: utilizar las instituciones europeas como un arma arrojadiza contra la soberanía judicial española, una soberanía que él mismo desafió y que ahora pretende someter a sus intereses personales.