El Gobierno avanza en la creación de una nueva profesión regulada, la de ‘Agente de Igualdad’, bajo el pretexto de garantizar la calidad en la aplicación de las políticas de igualdad. Sin embargo, la medida ha encendido las alarmas en el sector profesional, que denuncia la creación de un monopolio innecesario y contrario a la normativa europea, al excluir a profesionales que ya desempeñan estas funciones con respaldo legal.
El Anteproyecto de Ley, según su propia exposición de motivos, busca establecer un perfil profesional específico para el diseño, implantación y seguimiento de planes de igualdad. No obstante, el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España ha alertado de que la norma no se limita a ordenar competencias, sino que reconfigura el mercado para crear una reserva de actividad.
Un monopolio disfrazado de «calidad técnica»
El argumento del Ejecutivo para esta nueva regulación es dotar de “mayor seguridad, coherencia y eficacia” a las políticas de igualdad. Sin embargo, los críticos se preguntan por qué, si el objetivo es la calidad, la solución es crear una exclusividad en lugar de elevar los estándares para los profesionales ya existentes.
Fernando Jesús Santiago Ollero, presidente del Consejo General de Gestores Administrativos, lo expone con claridad: “Nadie discute el objetivo de mejorar la calidad de las políticas de igualdad; lo que resulta discutible es el camino elegido para conseguirlo”. Según Santiago, “regular una actividad no exige necesariamente crear una profesión nueva y excluyente, cuando ya existen profesionales cualificados que vienen aplicando la normativa con normalidad”.
La sospecha es que la ley no responde a un interés general, sino a una lógica de cierre profesional. “Cuando una norma necesita blindarse mediante exclusividades, la duda razonable es si el problema está en los profesionales o en el diseño del modelo”, advierte el presidente del Consejo.
Una ley que ignora las advertencias de Europa y Competencia
La propuesta del Gobierno parece ignorar las reiteradas advertencias de los organismos reguladores. La propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha señalado en numerosas ocasiones que las reservas de actividad son una de las formas más intensas de restricción de la competencia y solo se justifican como último recurso.
En este sentido, Santiago Ollero subraya la contradicción: “Cuando el regulador económico te dice que la exclusividad es el último recurso, pero la norma la convierte en el punto de partida, es legítimo preguntarse si la decisión responde realmente al interés general o a la creación de un nuevo espacio profesional reservado”.
Para ilustrar el modelo que parece seguir el Gobierno, el presidente de los gestores administrativos recurre a un ejemplo conocido: “Cuando se implantó la Inspección Técnica de Vehículos, cabía otra opción: que los talleres ya existentes, debidamente acreditados y supervisados por la Administración, certificaran el estado técnico de los vehículos. Sin embargo, se optó por crear un circuito independiente que acabó generando un nuevo negocio para algunos operadores”. La pregunta, por tanto, es inevitable: ¿se busca repetir ese modelo en el ámbito de la igualdad?
Los profesionales afectados recuerdan que llevan años asesorando a empresas en el cumplimiento de sus obligaciones legales, incluidas las de igualdad, sin que se hayan detectado conflictos o disfunciones que justifiquen una medida tan drástica. Como concluye Santiago, “elevar estándares, acreditar competencias y reforzar la supervisión suma; crear mercados cerrados sustituye y excluye”.