El Consejo de Ministros, a instancias de la ministra de Sanidad, Mónica García, ha dado luz verde a una drástica reforma de la Ley del Tabaco. La nueva norma expulsa a los fumadores de espacios al aire libre como terrazas, playas, campus universitarios e instalaciones deportivas, y en un movimiento de intervencionismo total, equipara por completo el cigarrillo tradicional al vapeo. Una decisión tomada desde un despacho de Madrid con consecuencias devastadoras para la economía canaria.
Promesas etéreas frente a empleos tangibles
Para justificar la ofensiva, la ministra García recurre a la futurología. Promete un supuesto ahorro sanitario de hasta 200 millones de euros anuales, una cifra que, como bien se sabe, el papel lo aguanta todo. Se trata de una mera proyección estadística, sin certeza alguna, que ignora deliberadamente los costes reales e inmediatos de su prohibición.
Detrás de cada prohibición ideológica hay una nómina que peligra. Las fábricas canarias no son una abstracción en un informe ministerial; son el sustento de miles de ciudadanos que dependen de una actividad legal que ahora el Estado pretende asfixiar. El empleo en riesgo no es una estimación a futuro, es la cruda realidad del presente.
Camareros convertidos en policías por decreto
La respuesta del tejido productivo ha sido unánime y contundente. La patronal ha cerrado filas contra una intromisión que ataca directamente a su modelo de negocio. José María Mañaricua, presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT), recuerda una obviedad que el Ministerio parece ignorar: el turismo canario, motor de su economía, vive y se desarrolla al aire libre. Las prohibiciones absolutas son un torpedo en la línea de flotación del atractivo del destino.
«El Estado legisla, pero exige que los camareros asuman labores de vigilancia y mediación ante los clientes. La Administración delega el conflicto en el trabajador del sector privado».
– José Cristóbal García, vicepresidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE).
La CCE pone el dedo en la llaga del absurdo logístico. El Gobierno impone la norma pero traslada la responsabilidad de hacerla cumplir al empleado de hostelería, convirtiéndolo en un vigilante forzoso y enfrentándolo a situaciones de tensión con los clientes. Legislar desde la distancia y dejar que el sector privado gestione el caos resultante.
La factura de la moralina centralista
El peso productivo del tabaco en Madrid es residual. En Canarias, sin embargo, es un pilar de su escaso tejido industrial, conviviendo con un sector turístico que representa casi el 37% de la riqueza regional. Prohibir sale gratis para quien estampa su firma en el Boletín Oficial del Estado, pero vacía la caja del empresario local.
Una vez más, asistimos al mismo patrón: el Gobierno impone su agenda ideológica y su visión moralista sin medir las consecuencias. El coste de esta cruzada no se pagará en los despachos del Paseo del Prado, sino en las fábricas y terrazas del archipiélago. Madrid dicta la moral; Canarias, una vez más, paga la cuenta.