La Audiencia Provincial de Madrid ha puesto fin a los intentos de varios altos cargos y ex altos cargos vinculados al entorno del Gobierno de Pedro Sánchez de evitar el banquillo de los testigos en el juicio del ‘caso mascarillas’. En una decisión que refuerza el principio de igualdad ante la ley, el tribunal ha rechazado de plano las peticiones para declarar por escrito o por videoconferencia, obligándoles a comparecer físicamente para dar explicaciones sobre la presunta estafa millonaria al Ayuntamiento de Madrid.
Un ‘No’ rotundo a los tratos de favor
La Sala ha sido contundente al desestimar las solicitudes de figuras tan relevantes como el director general de la Policía, Francisco Pardo, o la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano. Estos, junto a otros testigos, pretendían acogerse a una excepcionalidad que la ley no contempla para su situación, buscando la comodidad de sus despachos o domicilios para un trámite judicial de máxima relevancia.
La Ley es clara
La providencia del tribunal se fundamenta en el artículo 325 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). Este artículo reserva la declaración por escrito a miembros del Gobierno, de las Casas Reales y otros cargos de altísimo nivel, pero no a los testigos citados en esta causa. La Sala argumenta que no concurren ‘razones de utilidad, seguridad o de orden público’ que justifiquen una excepción, ni se perturba el ejercicio de sus funciones profesionales por tener que acudir a la sede judicial. En resumen: la ley se aplica a todos por igual.
La lista de testigos que deberán comparecer
La negativa del tribunal afecta a una lista de nombres con importantes responsabilidades en la esfera pública, cuyo testimonio es clave para esclarecer los hechos:
- Francisco Pardo Piqueras: Actual Director General de la Policía Nacional, un cargo de máxima confianza del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
- Enriqueta Chicano: Presidenta del Tribunal de Cuentas, órgano fiscalizador del sector público, cuyo nombramiento fue pactado por PSOE y PP.
- Isaías Táboas: Expresidente de Renfe, dimitido por el escándalo de los trenes que no cabían en los túneles.
- Víctor Francos: Exjefe de Gabinete de Salvador Illa en el Ministerio de Sanidad durante la pandemia y posteriormente presidente del Consejo Superior de Deportes.
El fondo del asunto
Mientras altos cargos buscaban evitar la comparecencia pública, es crucial recordar el origen del caso: el presunto fraude de 6 millones de euros al Ayuntamiento de Madrid por parte de los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño en la compra de material sanitario durante lo peor de la pandemia. El dinero público, destinado a salvar vidas, habría acabado financiando yates, coches de lujo y relojes. La comparecencia de estos testigos es fundamental para determinar si hubo dejación de funciones o negligencia por parte de las instituciones que debían supervisar estas operaciones.
La decisión de la Audiencia Provincial de Madrid es una excelente noticia para la regeneración democrática y la rendición de cuentas. Envía un mensaje claro: nadie, por muy alto que sea su cargo, está por encima de la obligación de colaborar con la Justicia de forma presencial, transparente y sometido al escrutinio que merece un caso de esta gravedad.