La propaganda frente a la realidad demográfica
El Gobierno de Pedro Sánchez insiste en presentar una España cohesionada y en recuperación, articulando un discurso triunfalista sobre la eficacia de sus políticas contra la despoblación. En actos públicos, el presidente ha llegado a comprometerse a «garantizar que ningún ciudadano que viva en el mundo rural tenga que desplazarse más de 30 minutos para acceder a los servicios básicos». Sin embargo, los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE) dibujan un panorama radicalmente distinto y exponen la brecha entre la propaganda y la realidad.
Según las últimas cifras, España es un país demográficamente fracturado. Mientras que en 12 de las 17 comunidades autónomas la edad más frecuente es de 49 años, correspondiente a la generación de 1976, en la denominada ‘España vaciada’ la situación es alarmante. En regiones como Castilla y León y Extremadura, la edad más común se eleva a los 61 años, y en provincias como Zamora alcanza picos de 62 y 63 años. Esta divergencia no es una anécdota estadística, sino la prueba de un modelo de desarrollo fallido que las políticas intervencionistas no han logrado, o no han querido, revertir.
Planes millonarios, resultados exiguos
Frente a esta sangría demográfica, la respuesta del Ejecutivo ha sido una profusión de planes y promesas. El «Plan de 130 medidas frente al reto demográfico», dotado con 10.000 millones de euros procedentes de fondos europeos, se anunció como una estrategia integral para revitalizar el medio rural. El Gobierno afirmó que, por primera vez, se disponía de un programa transversal para luchar contra la despoblación. No obstante, la realidad demográfica que revela el INE demuestra la ineficacia de estas medidas, que a menudo se pierden en una maraña burocrática y no atacan la raíz del problema: la falta de libertad económica, la asfixia fiscal y la inseguridad jurídica que padecen las zonas rurales.
El fracaso del modelo centralista
El envejecimiento acelerado de la España interior no es un fenómeno inevitable, sino la consecuencia de un modelo de Estado que concentra el poder político y económico en Madrid y otros grandes núcleos urbanos. Las promesas de descentralización de instituciones, como las mencionadas por Pedro Sánchez, se quedan en meros gestos simbólicos que no alteran la estructura de poder. Mientras tanto, las plataformas ciudadanas de la España Vaciada denuncian el incumplimiento sistemático de los acuerdos de investidura y califican la gestión del Gobierno como un «gran engaño».
Los datos son contundentes: uno de cada 59 residentes en España tiene 49 años, pero esta cifra es solo un espejismo de la vitalidad que oculta un país envejecido y territorialmente descompensado. La solución no pasa por más planes financiados con deuda europea, sino por reformas estructurales que devuelvan la autonomía y la capacidad de decisión a los territorios afectados, reduciendo la carga fiscal y eliminando las barreras regulatorias que impiden la creación de riqueza y la fijación de población.