Alarma en el Supremo: Un recurso busca frenar la ‘ingeniería electoral’ del Gobierno
La integridad del censo electoral, pilar fundamental de cualquier democracia, se encuentra bajo sospecha. El partido Iustitia Europa ha movido ficha y ha llevado al Tribunal Supremo la controvertida ‘Ley de Nietos’, impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Han interpuesto un recurso contencioso-administrativo solicitando la paralización inmediata de las nuevas inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), al considerar que se está perpetrando una alteración masiva que podría tener «efectos irreversibles en la configuración de la voluntad nacional».
Esta acción judicial pone el foco sobre una de las normas más ideológicas del Ejecutivo, la Ley de Memoria Democrática, y su potencial uso como herramienta para una presunta manipulación electoral a gran escala, beneficiando a descendientes de españoles que, en muchos casos, jamás han pisado nuestro país.
Apunte Jurídico: El origen del conflicto
La demanda se dirige contra la Disposición Adicional Octava de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática. Esta norma permite adquirir la nacionalidad a hijos y nietos de españoles que sufrieron exilio. Sin embargo, la polémica estalla con la Instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de octubre de 2022, que interpreta de forma extraordinariamente laxa el concepto de «exilio», asimilándolo a prácticamente cualquier emigración por razones económicas. Esto abre la puerta a una nacionalización masiva sin acreditar una persecución política real, desvirtuando el espíritu de la ley.
Cifras que alteran la democracia: El impacto en el censo
La preocupación no es teórica, sino cuantitativa. La aplicación de esta ley, bajo la supervisión del ministerio que ahora dirige Ángel Víctor Torres, está disparando el censo de votantes en el exterior. La mayoría de los nuevos nacionalizados residen en países como Argentina, Cuba o México, caladeros de voto tradicionalmente asociados a la izquierda populista.
Dato Clave: Un nuevo ejército de votantes
Según proyecciones publicadas por Libertad Digital, la ‘Ley de Nietos’ podría engrosar el censo exterior con hasta 600.000 nuevos votantes para 2027. Un volumen de electores suficiente para decantar el resultado en varias provincias y, por tanto, el equilibrio de poder en el Congreso de los Diputados.
De exiliados políticos a emigrantes económicos
El Gobierno defiende la ley como un acto de reparación para las víctimas del franquismo. Sin embargo, la instrucción que la desarrolla permite que nietos de personas que emigraron por motivos económicos en los años 50 sean considerados «exiliados», una interpretación que desborda por completo el marco legal y la lógica histórica.
Argumentos de la demanda: «Daño estructural irreversible»
El escrito presentado ante el Supremo es contundente. Advierte que si no se adoptan medidas cautelares urgentes, el daño será irreparable. Incluso si en el futuro una sentencia les diera la razón, sería imposible «limpiar» el censo y revertir los resultados de unas elecciones ya celebradas.
«Si no se adoptan estas medidas de aseguramiento, nos encontraríamos ante un escenario donde, incluso ganando el recurso principal, la sentencia sería inejecutable porque no habría forma de distinguir qué electores entraron en el censo bajo las presunciones ilegales. (…) La inacción ahora provocará ‘efectos irreversibles’ en la configuración de la voluntad nacional».
– Extracto del recurso de Iustitia Europa.
El líder de Iustitia Europa, Luis María Pardo, ha denunciado además la opacidad de la Oficina del Censo Electoral (OCE), que no ha publicado el desglose de estas altas, impidiendo un control efectivo sobre el proceso. «Una vez celebradas las elecciones, ninguna sentencia puede reconstruir por completo la voluntad popular expresada en las urnas», sentencia Pardo, justificando la urgencia de su petición.
Las peticiones concretas al Tribunal
Para garantizar la «pureza del sufragio universal», el partido solicita al Supremo un paquete de medidas claras y contundentes:
- Paralizar de urgencia las altas en el CERA de quienes hayan obtenido la nacionalidad por «presunción de exilio» sin prueba documental individualizada.
- Ordenar a la Oficina del Censo Electoral que identifique, marque y separe en sus bases de datos a los ya inscritos bajo estas condiciones para garantizar su trazabilidad.
- Requerir a la OCE un desglose mensual detallado de las altas producidas desde la aprobación de la ley, identificando el motivo y las pruebas aportadas por cada inscrito.
La decisión está ahora en manos del Tribunal Supremo, que deberá valorar si la seguridad jurídica y la limpieza del proceso electoral priman sobre una ley cuya aplicación está generando una fundada alarma de manipulación masiva.