La sociedad civil se moviliza ante lo que considera una ofensiva ideológica del Gobierno de Pedro Sánchez. La asociación Hazte Oír ha registrado una iniciativa en todas las consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular y Vox, instándoles a ejercer sus competencias para poner coto a la expansión de la eutanasia en España.
El Gobierno acelera la eutanasia: menos controles y más rapidez
La acción responde directamente al plan del Ministerio de Sanidad, dirigido por Mónica García, de agilizar los procedimientos para acceder a la eutanasia. A través de una actualización del «Manual de Buenas Prácticas», el Ejecutivo pretende reducir los plazos y la burocracia, una medida que, según sus críticos, en la práctica supone eliminar salvaguardas esenciales en una decisión irreversible que afecta a personas en situación de extrema vulnerabilidad.
Desde la aprobación de la ley en 2021, la aplicación de la eutanasia ha mostrado una clara tendencia al alza, generando una profunda preocupación social sobre la posible deriva hacia una cultura del descarte.
La ofensiva de Hazte Oír: un dique de contención desde las autonomías
Ante este escenario, Hazte Oír apela directamente a los gobiernos autonómicos de PP y Vox para que utilicen su margen de maniobra. La iniciativa, respaldada por miles de firmas ciudadanas, no busca derogar la ley estatal —algo fuera de su alcance—, sino introducir mecanismos de control adicionales en su aplicación.
«Ante los planes de Pedro Sánchez, desde Hazte Oír tenemos claro que debemos movilizarnos para salvar vidas. Por eso impulsamos esta campaña: para que PP y Vox, allí donde tienen capacidad real de actuación, utilicen sus competencias y adopten medidas que protejan a las personas más vulnerables. […] Las comunidades autónomas pueden hacerlo, y miles de españoles ya se lo están exigiendo».
– Ignacio Arsuaga, presidente de Hazte Oír.
Propuestas concretas para blindar la vida
La propuesta registrada en las consejerías de Sanidad se articula en torno a cuatro ejes fundamentales, plenamente viables a nivel autonómico:
- Refuerzo de las comisiones de evaluación: Exigir la presencia obligatoria de psiquiatras y especialistas en cuidados paliativos para garantizar una valoración integral del sufrimiento del paciente.
- Garantías en el proceso: Establecer entrevistas personales obligatorias entre la comisión de evaluación y el paciente, evitando así decisiones «a ciegas» basadas únicamente en informes.
- Protección de la salud mental: Derivar obligatoriamente a unidades de salud mental a aquellos pacientes con indicios de sufrimiento psicológico, depresión o trastornos no diagnosticados.
- Consenso profesional: Imponer mayorías reforzadas en las decisiones de las comisiones, de modo que la eutanasia no se apruebe si existen discrepancias profesionales relevantes sobre la idoneidad del caso.
El marco competencial: la clave jurídica de la batalla
La estrategia de Hazte Oír se apoya en una base jurídica sólida: la descentralización de las competencias sanitarias en España. Aunque el Estado aprueba la ley marco, son las comunidades autónomas las responsables de su aplicación y gestión a través de sus sistemas de salud.
Esta batalla definirá en los próximos meses si España avanza hacia un modelo de eutanasia exprés o si, por el contrario, las autonomías logran construir un sistema de contrapesos que priorice la protección de la vida y los cuidados paliativos como alternativa real al sufrimiento.