La regularización masiva de inmigrantes impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez no solo representa un desafío administrativo, sino una grave amenaza para la seguridad jurídica y ciudadana. Así lo ha denunciado Luis Mayandía, excomisario jefe de inmigración de la Policía Nacional, quien ha destapado las cifras y las consecuencias ocultas de un proceso que califica de «precipitado» y peligrosamente laxo.
El ‘Efecto Multiplicador’: De 500.000 a 6 Millones
En una entrevista en La Noche de Cuesta de esRadio, Mayandía desglosó el cálculo que desmonta las cifras oficiales. El punto de partida son unos 500.000 inmigrantes a regularizar, pero la clave reside en la reagrupación familiar, un derecho que genera un efecto multiplicador incontrolado. Según el experto, cada persona regularizada puede traer legalmente a un mínimo de cinco familiares directos.
El excomisario alerta además sobre la imposibilidad material de verificar la autenticidad de los vínculos familiares, abriendo la puerta a un fraude masivo con documentos de registros civiles inexistentes o fácilmente falsificables. «Un documento real con datos falsos puede utilizarse para entrar en España y desplazarse por todo el territorio Schengen», advirtió.
Alerta Máxima: 3.500 Presos en Preventiva Podrían Ser Regularizados
Uno de los datos más alarmantes revelados por Mayandía es el que afecta directamente al sistema penitenciario y a la seguridad nacional. La ley, en su actual redacción, permite que individuos sin condena firme puedan acogerse al proceso, creando una peligrosa laguna legal.
El Impacto en la Población Reclusa
Mayandía, si bien rechaza cualquier generalización sobre la población inmigrante —»La mayoría viene a buscarse la vida»—, aporta datos oficiales que no pueden ser ignorados. Una regularización sin filtros ni criterios de seguridad rigurosos amenaza con agravar una situación ya preocupante en las cárceles españolas.
Los Perjudicados: Los Inmigrantes Honrados
Lejos de ser una medida humanitaria, esta regularización masiva y sin control perjudicará, según el excomisario, a quienes más dice querer proteger. La falta de filtros no solo pone en riesgo a la sociedad de acogida, sino que estigmatiza y crea problemas de convivencia que recaen sobre los extranjeros que vienen a España a trabajar y cumplir la ley.
La conclusión de este experto policial es clara: unos criterios más exigentes no habrían perjudicado a quienes vienen a integrarse, sino que habrían servido de filtro indispensable para proteger tanto a la sociedad española como a la comunidad inmigrante de los elementos delictivos que se aprovechan de la laxitud del sistema.