La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha decidido conceder un trato de excepción a dos altos cargos socialistas salpicados por el ‘caso Koldo’. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, podrán declarar como testigos por escrito, evitando así la incómoda imagen de su comparecencia en el banquillo durante el primer juicio de la trama de mascarillas. Una decisión que, si bien tiene amparo legal, proyecta una sombra de privilegio y opacidad sobre un caso que exige la máxima transparencia.
Un Escudo Legal para Evitar el Foco Mediático
Ambos dirigentes del PSOE, presidentes autonómicos de Baleares y Canarias respectivamente cuando sus gobiernos contrataron con la trama corrupta, se apresuraron a solicitar esta prerrogativa en cuanto recibieron la citación judicial. El objetivo es claro: eludir el escrutinio público y las preguntas incisivas de las defensas en una vista oral. El tribunal ha estimado su petición, permitiéndoles enviar un informe con sus respuestas antes del 7 de abril, fecha de inicio de la prueba testifical.
La Prerrogativa de la Ley
La decisión del Supremo se fundamenta en los artículos 412.2 y 703 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). Concretamente, el artículo 412.2 de la LECrim exime de la obligación de comparecer en persona a declarar, entre otros, a los miembros del Gobierno y a los Presidentes de las Comunidades Autónomas. Tanto Torres, como actual ministro, como ambos, por los hechos investigados durante sus presidencias autonómicas, han podido acogerse a este precepto para testificar mediante un informe escrito.
En su escrito al Alto Tribunal, el ministro Torres argumentó su petición de forma explícita, recordando su condición actual de miembro del Gobierno y su anterior cargo como presidente canario, periodo sobre el que versará su testimonio.
«[…] por medio del presente escrito vengo a interesar que dicha declaración testifical se practique por escrito, al amparo de lo previsto en el artículo 412.2º Y 703 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal».
– Escrito de Ángel Víctor Torres al Tribunal Supremo.
La Realidad: Legalidad no es Transparencia
Mientras la legalidad ampara la decisión, la realidad política es otra. La ciudadanía asiste perpleja a cómo la clase política utiliza los resortes del Estado de Derecho para protegerse del escrutinio que se le exige a cualquier otro ciudadano. La declaración por escrito permite una respuesta meditada, filtrada por asesores y carente de la espontaneidad y la presión de un interrogatorio en directo, donde las contradicciones y la verdad suelen aflorar con más facilidad.
El uso de esta prerrogativa legal permite a Francina Armengol y Ángel Víctor Torres evitar la ‘foto del juicio’, un coste político que el PSOE no está dispuesto a asumir en plena investigación de una trama de corrupción que afecta al corazón del partido y del Gobierno.
Tanto el Gobierno balear de Armengol como el canario de Torres contrataron la compra de mascarillas con Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L., la empresa epicentro de la trama Koldo. Sus testimonios son cruciales para esclarecer cómo se produjeron esas adjudicaciones millonarias y por qué se eligió a esta sociedad sin experiencia en el sector sanitario.
La Sala ha advertido a ambos testigos de que deben «decir la verdad en el informe que emitan», pero la ausencia de una confrontación directa en la sala debilita la capacidad de las partes para verificar la veracidad y la totalidad de sus declaraciones. Una vez más, la justicia parece operar a dos velocidades, una para el ciudadano común y otra, más cómoda y protegida, para la élite política.