El Tribunal Supremo ha dado un paso decisivo para asegurar las posibles responsabilidades económicas del exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García. Ante la negativa de ambos a depositar la fianza de 60.000 euros impuesta, el Alto Tribunal ha ordenado una investigación patrimonial exhaustiva para determinar qué bienes pueden ser embargados.
La fianza de 60.000 euros que nunca llegó
El pasado 12 de diciembre, el Tribunal Supremo requirió tanto a Ábalos como a García, ya internos en la prisión de Soto del Real, el pago de una fianza de 60.000 euros por cabeza. El objetivo de esta medida era garantizar que, en caso de ser condenados, existieran fondos para cubrir las responsabilidades pecuniarias derivadas del juicio. El plazo concedido fue de cinco días.
Sin embargo, la respuesta de ambos imputados fue evasiva, limitándose a afirmar que lo consultarían con sus abogados. Transcurrido el plazo con creces, el Supremo ha constatado el incumplimiento y ha activado el siguiente paso procesal. En una diligencia, el tribunal estima que, «visto que ha transcurrido en exceso el plazo concedido (…) para prestar fianza en cuantía suficiente para cubrir las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérsele, sin que el mismo hay consignado cantidad alguna, realícese averiguación patrimonial a través del Punto Neutro Judicial y con su resultado se acordará».
La Audiencia Nacional se suma al cerco patrimonial
De forma paralela, la Audiencia Nacional también ha estrechado el cerco sobre el patrimonio de Koldo García. En un auto reciente, el juez Moreno ha ordenado el embargo de 1.102,47 euros procedentes del vencimiento de un seguro de vida de la compañía Generali España, del que García es tomador.
Fue la propia aseguradora la que alertó a la Audiencia de este pago inminente, dado que las cuentas del exasesor se encuentran bloqueadas por orden judicial. El magistrado ha dispuesto que Generali ingrese dicha cantidad directamente en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones del juzgado, sumándose así a las medidas de embargo preventivo.
Estas actuaciones judiciales se producen en la antesala del juicio oral, que tiene previsto su inicio el próximo 7 de abril y que sentará en el banquillo de los acusados a José Luis Ábalos, Koldo García y el empresario Víctor de Aldama.