El círculo del ‘Caso Koldo’ se estrecha y no solo sobre el exministro José Luis Ábalos y su exasesor. Un auto del Tribunal Supremo, dictado el pasado 7 de abril coincidiendo con el inicio del juicio, ha pasado casi inadvertido pero supone una bomba de relojería para la estructura de poder en las empresas públicas. La Sala Segunda ha abierto la puerta a la imputación de los altos cargos de Ineco y Tragsatec que facilitaron la contratación de Jésica Rodríguez, expareja de Ábalos, quien admitió en sede judicial haber cobrado sin trabajar.
La Clave Jurídica: El Estado no es víctima, sino posible responsable
La decisión del Supremo surge al rechazar la pretensión de la Abogacía del Estado de personarse como parte perjudicada en la causa en nombre de las empresas públicas Ineco y Tragsatec. El tribunal argumenta que estas compañías no pueden ser consideradas víctimas cuando sus propios directivos podrían ser responsables penales por omisión del deber de control. Este movimiento, solicitado por la defensa de Koldo García, impide que el Estado juegue a dos bandas: defender a unas empresas cuyos gestores podrían acabar sentados en el banquillo.
El auto del Supremo es demoledor. Al negar la condición de perjudicado a las empresas públicas, el tribunal señala directamente a sus cúpulas. Considera que la «persona jurídica» (Ineco y Tragsatec) pudo actuar «sin diligencia en el control de las actividades de sus directivos». Esto significa que la responsabilidad penal no se agota en quien recibe el favor, sino que se extiende a la cadena de mando que lo permitió, abriendo una nueva vía de investigación sobre los altos cargos que autorizaron una contratación a todas luces irregular.
El texto del auto es explícito y deja poco margen a la interpretación, apuntando a una futura investigación sobre la cúpula de estas empresas estatales:
«[…] surgriendo de ese actuar una posible responsabilidad penal que deberá ser indagada, y en su caso enjuiciada, por los órganos competentes de la jurisdicción».
Auto del Tribunal Supremo, 7 de abril de 2024.
Testimonios que destapan el trato de favor
La decisión del tribunal se sustenta en las abrumadoras evidencias que ya han aflorado durante el juicio. La propia Jésica Rodríguez confesó el núcleo del fraude: cobraba un sueldo público sin realizar ninguna contraprestación laboral.
Jésica Rodríguez admitió ante el tribunal: «No trabajé porque mi jefe, que era Joseba, no me encargó nada durante ese tiempo». Sin embargo, Joseba declaró previamente que nunca fue su jefe. Rodríguez estaba en nómina de dos empresas públicas, Ineco y Tragsatec, sin tener tareas asignadas, un hecho que evidencia el uso de recursos del Estado para fines particulares.
El relato de sus superiores directos en Tragsatec confirma la existencia de una trama de encubrimiento y presiones desde las más altas esferas. Las declaraciones de los testigos dibujan un panorama de impunidad y órdenes directas para garantizar un trato privilegiado.
Evidencias del ‘Enchufe’
- Contratación irregular: El exdirector de Asesoría Jurídica de Tragsatec, Alberto Fernández, aseguró que el proceso de selección de Jésica Rodríguez presentó «irregularidades» pese a la apariencia de normalidad.
- Órdenes de ‘no molestar’: Su jefa directa, Virginia Barbancho, declaró haber recibido indicaciones de que la entonces presidenta de Adif, Ana Pardo de Vera, había ordenado que se «dejara en paz» a la empleada.
- Miedo a represalias: La testigo admitió que tuvo miedo de mencionar a Pardo de Vera hasta que su propio traslado a otra empresa estuvo asegurado, lo que denota un clima de coacción.
- Ausencia de control: Barbancho insistió en la falta de fichajes, la ausencia de partes de trabajo y las órdenes de no insistir, reforzando la idea de un «trato privilegiado».
Este auto del Supremo no es un mero trámite procesal. Es una advertencia directa a toda la cadena de mando que participó o consintió en la utilización de empresas públicas como agencias de colocación. La justicia apunta ahora no solo a los beneficiarios directos de la trama, sino también a los ejecutivos y altos cargos que, con su acción u omisión, permitieron que el dinero de todos los contribuyentes se destinara a pagar favores políticos.