La crisis en la red de Rodalies de Cataluña se agrava, sumiendo a miles de ciudadanos en la incertidumbre. La consellera de Territorio del Govern, Sílvia Paneque, ha anunciado la suspensión del servicio durante el domingo para acometer trabajos urgentes en las vías, una medida que evidencia la fragilidad de una infraestructura clave gestionada por el Estado. El anuncio se produjo tras una reunión de seguimiento que, más que aportar soluciones, ha puesto de manifiesto la parálisis y la ineficacia del modelo de gestión actual.
Una Crisis de Gestión con Responsabilidades Difusas
En una comparecencia ante los medios, la consellera Paneque expuso la precariedad de la situación. Afirmó que se está trabajando para «garantizar la funcionalidad y confianza» de la red, pero llamativamente «no ha confirmado que el servicio pueda reanudarse el lunes». Esta falta de certezas, tras un encuentro en el que participaron representantes de la Generalitat, Renfe, Adif y el propio secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, refleja la incapacidad del Gobierno central para ofrecer garantías mínimas a los usuarios.
Como medida paliativa, Paneque comunicó que el número de equipos técnicos de Adif ha aumentado de 9 a 12, una cifra que parece más un gesto simbólico que una respuesta contundente a un problema estructural derivado de años de desinversión. La intervención se centra en puntos críticos como la R1 en Badalona y la R2 sur en el Garraf, pero la crisis afecta al conjunto de la red.
El Fracaso del Modelo de Gestión Estatal
La presencia del secretario de Estado en la reunión de crisis no puede ocultar la realidad: el modelo de gestión centralizado ha fracasado. Los constantes incidentes, retrasos y suspensiones del servicio no son hechos aislados, sino el resultado previsible de una política de abandono por parte de la Administración General del Estado. Mientras se anuncian grandes inversiones en otras infraestructuras, la red que utilizan diariamente cientos de miles de catalanes se deteriora por falta de mantenimiento preventivo y modernización.
El Gobierno de Pedro Sánchez, al igual que sus predecesores, es directamente responsable de la situación de Adif y Renfe. Enviar a un alto cargo a una reunión no resuelve los problemas de fondo. Los ciudadanos no necesitan gestos políticos, sino un servicio fiable que solo puede garantizarse con una inversión sostenida y una gestión eficiente, dos asignaturas que el Estado demuestra suspender de forma recurrente en Cataluña.
En definitiva, los usuarios de Rodalies vuelven a ser las víctimas de una guerra de competencias y de la negligencia del Gobierno central. La incertidumbre sobre la reanudación del servicio es la prueba más palpable de que el actual sistema de gestión es insostenible y perjudica gravemente la vida y la economía de los ciudadanos.