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El PP acusa a Sánchez de liderar una ‘organización criminal’: ‘Comenzó en una sauna y terminará en una cloaca’

El Partido Popular ha intensificado su ofensiva contra el Gobierno a raíz de los últimos informes de la UCO de la Guardia Civil sobre la presunta trama de corrupción que afecta al PSOE. En una dura comparecencia, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha acusado directamente a Pedro Sánchez de encabezar una «organización criminal» y ha sentenciado que su historia «comenzó en una sauna y va a terminar en una cloaca».

La ofensiva del PP tras los informes de la UCO

Desde la sede nacional del partido, Alma Ezcurra ha asegurado que España «no es la mafia que la gobierna» y ha señalado la convocatoria de elecciones como «la única salida limpia, democrática y rápida para todo esto». La dirigente popular basó su intervención en lo que considera cuatro conclusiones clave derivadas de la documentación policial. En primer lugar, afirmó que, aunque parezcan casos distintos, «solo hay uno: el del PSOE». En segundo lugar, advirtió que «cuando el poder se corrompe y corrompe a otros poderes del Estado, nadie está a salvo».

La estrategia del PP pasa por unificar las diferentes ramificaciones de la trama bajo un único paraguas de responsabilidad política que, según la formación, apunta directamente a la cúpula del Partido Socialista y, en última instancia, al presidente del Gobierno.

Apunte Jurídico: El término «organización criminal» posee una definición estricta en el artículo 570 bis del Código Penal. Se refiere a una agrupación formada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido que, de manera concertada y coordinada, se reparten diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos. La calificación de un grupo como tal es una competencia exclusiva de los tribunales de justicia tras un procedimiento con todas las garantías, y no puede establecerse mediante una mera declaración política.

Sánchez, señalado como el ‘one’ de la trama

Ezcurra fue especialmente incisiva al situar a Pedro Sánchez en el epicentro de las sospechas. «Todas las tramas desembocan en un mismo punto y apuntan a una sola persona, el one», declaró. Para el PP, no se trata de «una trama aislada en el Ministerio de Transportes, ni de pillaje en Ferraz, sino de un poder que ha confundido el Gobierno con el partido, el partido con la familia, la familia con el Estado y el Estado con Pedro Sánchez».

La vicesecretaria popular planteó una disyuntiva para el presidente: «Si alguien pretende creer que Sánchez no sabía lo que ocurría en su Fiscalía, en la Guardia Civil o en su partido, lo que tiene que hacer es dimitir inmediatamente por incompetente; y si lo sabía, dimitir porque es un delincuente». A su juicio, los hechos demuestran que «no existe ningún capo que desconozca la existencia de su propia mafia».

La presión se traslada a los socios de investidura

El Partido Popular también ha dirigido su mensaje a los socios parlamentarios que sostienen al Ejecutivo de coalición. «Con una mafia no hay lealtad que valga: o se está con la corrupción o se está contra ella», interpeló Ezcurra. La dirigente recordó que algunos de estos grupos han fijado la financiación irregular como una línea roja, y les preguntó directamente: «¿Si la línea roja es la financiación irregular, la organización criminal no?».

Desde Génova se insiste en que la única vía para una regeneración es la disolución de las Cortes. Dado que no esperan que Sánchez convoque elecciones voluntariamente, señalan que «la llave la tienen los segundos», en referencia a los socios de investidura. El objetivo es erosionar la frágil mayoría parlamentaria con cada nueva revelación del caso.

Apunte Jurídico: La responsabilidad del Presidente del Gobierno es de naturaleza política ante el Congreso de los Diputados, no de supervisión directa sobre las actuaciones de la Fiscalía o las unidades de la Guardia Civil. La Fiscalía actúa con autonomía funcional y la Guardia Civil, como policía judicial, depende funcionalmente de jueces y tribunales en sus investigaciones. Si bien el Gobierno nombra al Fiscal General del Estado, este y el resto de fiscales se rigen por los principios de legalidad e imparcialidad, consagrados en el artículo 124 de la Constitución.

La estrategia, definida por Alberto Núñez Feijóo, cuenta con el respaldo de los líderes territoriales del partido, que ya articulan un discurso de contraste entre la gestión en sus 11 comunidades autónomas y la parálisis que atribuyen a Moncloa. Mientras tanto, el Grupo Parlamentario Popular prepara una batería de iniciativas en el Congreso para forzar al Gobierno a dar explicaciones, con el cálculo de que cada debate sobre la corrupción acorta la vida de una legislatura que consideran «muerta».