La condena de la Audiencia Provincial de Badajoz a David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, ha supuesto un terremoto político de consecuencias imprevisibles. La sentencia, que le impone nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación, ha desatado una ofensiva sin cuartel del Partido Popular, que considera a Pedro Sánchez responsable político directo y exige su dimisión.
- ▶️ David Sánchez: Condenado a 9 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación administrativa.
- ▶️ Miguel Ángel Gallardo (Expresidente de la Diputación): Condenado a 18 años de inhabilitación por dos delitos de prevaricación.
- ▶️ Hechos Probados: El tribunal considera acreditado que se creó un puesto ‘ad hoc’ en la Diputación de Badajoz para favorecer la contratación del hermano del presidente, modificando las bases para ajustarlas a su perfil.
La resolución judicial no solo afecta al entorno familiar del presidente, sino que golpea la línea de flotación del discurso de regeneración del PSOE. El PP ha reaccionado en bloque, desde su presidente nacional hasta sus principales vicesecretarios, para señalar directamente a La Moncloa.
Tal y como ha destacado el Partido Popular, «por primera vez en democracia, un familiar directo de un presidente del Gobierno en ejercicio es condenado por un tribunal».
Feijóo: «La verdad acabará imponiéndose»
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, fue uno de los primeros en reaccionar, utilizando las propias palabras de Pedro Sánchez para cargar contra él. Feijóo reivindicó la fortaleza del Estado de Derecho y recordó que este es el tercer varapalo judicial en el entorno del presidente.
«‘La verdad acabará imponiéndose’, decía @sanchezcastejon. Pues aquí está: la tercera condena en su entorno, tras la del exfiscal y la de Ábalos, y por unanimidad de la sala de la Audiencia Provincial de Badajoz. Que nadie esté por encima de la ley, sea familia de quien sea, habla bien de nuestro Estado de Derecho y debería reconfortar a todos los españoles».
— Alberto Núñez Feijóo, en la red social X.
Génova exige responsabilidades políticas al más alto nivel
La dirección nacional del PP ha sido unánime al señalar que la sentencia no solo inhabilita a David Sánchez, sino que deja en una posición insostenible a su hermano. La vicesecretaria de Organización, Carmen Fúnez, fue contundente al afirmar que la condena salpica directamente al presidente.
«Sánchez sigue haciendo historia, pero en el lado equivocado. Su hermano, condenado por prevaricación. El mismo hermano al que cobija en Moncloa. Sánchez decía que era inocente. La Justicia dice que es culpable. Esta sentencia inhabilita a David Sánchez… y a su hermano».
— Carmen Fúnez, Vicesecretaria de Organización del PP.
El vicesecretario de Economía, Juan Bravo, puso el foco en el origen del delito: la creación de un puesto a medida. Un ‘modus operandi’ que, según los populares, define una forma de hacer política basada en el clientelismo.
«Condenado a 9 años de inhabilitación en los que no tendrá que preguntarse dónde está la Oficina de Artes Escénicas. Pero aunque el condenado sea él, no perdamos de vista al responsable: el que le creó el puesto a medida y lo enchufó. Su hermanísimo».
— Juan Bravo, Vicesecretario de Economía del PP.
Gamarra: «El sanchismo está entre rejas e inhabilitado»
La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, elevó el tono para exigir la dimisión inmediata de Pedro Sánchez, considerando que esta condena es la prueba definitiva de la «cloaca del PSOE» y de un sistema de poder que se creía impune.
«Otra sentencia más que condena al sanchismo e inhabilita a Sánchez para seguir ni un día más como presidente del Gobierno. Y ello pese a las artimañas de la cloaca del PSOE para obstaculizar la acción de la justicia. El sanchismo está entre rejas e inhabilitado».
— Cuca Gamarra, Secretaria General del PP.
A estas voces se sumaron las de otros dirigentes como Ester Muñoz, quien enmarcó la sentencia en la «corrupción que afecta al entorno de Sánchez, su partido y su Gobierno», o el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que sentenció con un escueto: «Efectivamente, el tiempo pone las cosas en su sitio». La presión sobre el presidente del Gobierno es máxima, y el PP no parece dispuesto a dejar pasar una condena que dinamita los cimientos éticos de La Moncloa.
El delito de prevaricación administrativa, recogido en el artículo 404 del Código Penal, castiga a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo. No se trata de un simple error, sino de una actuación consciente y deliberada para torcer la ley con el fin de beneficiar a un tercero, como el tribunal ha considerado probado en este caso.