La salud de una democracia liberal no se mide únicamente en las urnas, sino en la robustez de sus instituciones y en la nitidez de sus líneas de mando, especialmente en aquellas que ostentan el monopolio de la fuerza. La reciente controversia en torno a la figura del Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional revela una inquietante patología institucional: la creación de estructuras de poder informales que operan en la sombra, socavando la jerarquía legal y sustituyendo la cadena de mando por una red de lealtades personales. Este fenómeno, bautizado mediáticamente como el ‘mini-DAO’, no es una mera anécdota de organización interna, sino un ataque directo a los principios de legalidad y seguridad jurídica que deben regir un cuerpo policial moderno.
La respuesta gubernamental, que reduce una posible quiebra de la jerarquía a una simple cuestión de “trabajo en equipo”, es semánticamente ingeniosa pero institucionalmente desoladora. Normalizar que un subordinado del DAO pueda impartir órdenes a la cúpula territorial de la Policía Nacional es disolver el principio de autoridad formal en el ácido de la confianza personal. Este tipo de estructuras opacas son el caldo de cultivo perfecto para el clientelismo y la arbitrariedad, pues las decisiones dejan de responder a criterios técnicos y operativos para supeditarse a la voluntad de un núcleo de poder no fiscalizable.
El Fantasma de la Policía Patriótica
Este episodio evoca, inevitablemente, los oscuros precedentes de la etapa del DAO Eugenio Pino y la denominada ‘policía patriótica’, donde se utilizaron presuntamente recursos del Estado con fines políticos. Aunque las circunstancias difieren, el patrón subyacente es el mismo: la instrumentalización de la cúpula policial y la creación de dinámicas de poder que operan al margen de los cauces reglamentarios. Cuando la lealtad a un superior jerárquico se confunde con la lealtad a una persona o a un proyecto político, la neutralidad del aparato de seguridad del Estado queda comprometida.
La cuestión fundamental recae sobre los mecanismos de control. La Unidad de Asuntos Internos, garante de la deontología y la legalidad dentro del Cuerpo, se encuentra en una posición extraordinariamente delicada. Su silencio o su inacción ante denuncias de esta gravedad, respaldadas por múltiples testimonios internos según la prensa, sería tan preocupante como la propia existencia del ‘mini-DAO’. Un sistema de contrapesos que no actúa cuando es requerido deja de ser un sistema para convertirse en un mero decorado burocrático.
En definitiva, el caso del ‘mini-DAO’ trasciende la crónica de sucesos o la disputa interna. Es un síntoma de la fragilidad del Estado de Derecho cuando el poder político decide ignorar las reglas formales en favor de la eficacia de sus hombres de confianza. La defensa de la legalidad no admite atajos ni estructuras paralelas; exige una jerarquía clara, transparente y sometida exclusivamente al ordenamiento jurídico, no a las afinidades personales del mando de turno.