El cerco judicial sobre Begoña Gómez se estrecha de forma definitiva. El juez Juan Carlos Peinado ha dado por concluida la fase de instrucción, dejando a la esposa del presidente del Gobierno a un solo paso del banquillo. En un auto contundente, el magistrado aprecia indicios suficientes para procesarla, junto al empresario Juan Carlos Barrabés y su asesora Cristina Álvarez, por cuatro presuntos delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. La causa, que podría ser juzgada por un jurado popular, destapa una trama de presunto favoritismo y uso de recursos públicos para fines privados que salpica directamente al Palacio de la Moncloa.
Aunque la defensa intente minimizar el golpe, la realidad es que el juez solo ha sobreseído el delito de intrusismo profesional. Los cuatro cargos restantes son de una gravedad extrema y apuntan al corazón de una presunta red de influencias tejida al calor del poder. La decisión del juez, como recogen varios medios, transforma las sospechas en indicios racionales de criminalidad.
Los Cuatro Cargos que Acorralan a Gómez
El auto del juez Peinado deja la causa lista para la acusación popular, ejercida por la asociación Hazte Oír, a la espera de los recursos que las defensas puedan presentar ante la Audiencia Provincial de Madrid. Los delitos que se le imputan a Begoña Gómez y sus colaboradores dibujan un panorama desolador para la integridad institucional:
- Tráfico de influencias: Por presuntamente usar su posición como esposa del presidente para mediar en la adjudicación de contratos públicos a favor del empresario Juan Carlos Barrabés.
- Corrupción en los negocios: Relacionado con los beneficios obtenidos a través de la Cátedra de la UCM, que habría servido de plataforma para sus intereses privados.
- Malversación de caudales públicos: Por el presunto uso de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, pagada con dinero público, para gestionar sus negocios particulares.
- Apropiación indebida: Por registrar como propia la marca y el dominio web de la Cátedra, y presuntamente apropiarse del software desarrollado con fondos de la misma.
La conclusión de la instrucción y la transformación del procedimiento a la Ley del Jurado para los delitos de tráfico de influencias y malversación es un paso procesal de enorme relevancia. Significa que el juez instructor considera que existen indicios sólidos y verosímiles de delito, suficientes para que la causa sea enjuiciada. Si los recursos de apelación no prosperan, será un tribunal compuesto por ciudadanos quien decida sobre la culpabilidad de la esposa del presidente, un escenario sin precedentes en la democracia española.
El Eje Barrabés: Cartas y Reuniones en Moncloa
El epicentro de la acusación de tráfico de influencias es la relación de Begoña Gómez con el empresario Juan Carlos Barrabés. El juez pone el foco en las cartas de recomendación que Gómez firmó en julio de 2020 para la UTE de Barrabés, que resultó adjudicataria de varios contratos de Red.es por valor de más de 10 millones de euros.
Este hecho es demoledor: mientras se reunía en la sede de la Presidencia del Gobierno con un empresario, la esposa del presidente firmaba cartas para que este obtuviera contratos públicos. Un conflicto de intereses que clama al cielo.
Una Asesora Pública para Negocios Privados
Otro de los pilares de la acusación es el papel de María Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez en Moncloa. Según el auto, Álvarez se implicó «de pleno en proyectos de la Cátedra, actos, negociaciones, reuniones, seguimiento de pagos», actividades «absolutamente ajenas a las funciones propias de su cargo» público.
Desde su nombramiento en julio de 2018, Cristina Álvarez ha percibido del erario público 361.423,40 euros brutos. Un sueldo pagado por todos los españoles que, según los indicios, se destinó en parte a impulsar los intereses privados de la esposa del presidente.
Además, el juez señala cómo Begoña Gómez registró la marca «TSC Transformación Social Competitiva» meses antes de que se creara oficialmente la Cátedra con ese nombre, y alojó la plataforma de software en un dominio web de su propiedad, que más tarde utilizó para constituir una sociedad limitada. Un movimiento que evidencia una clara intención de apropiarse de los activos generados en el seno de la universidad pública.
Una Defensa Basada en Formalismos
Frente a la contundencia de los hechos, la defensa de Begoña Gómez, ejercida por el exministro socialista Antonio Camacho, se aferra a argumentos técnicos. Alegan que no puede haber apropiación indebida de una marca que no estaba registrada o de un software que no estaba terminado. Sin embargo, obvian que el juez no investiga una infracción de propiedad industrial, sino la presunta apropiación de un proyecto y unos activos desarrollados con fondos y recursos de la Universidad Complutense, para luego explotarlos privadamente. El auto del juez Peinado desarma estas coartadas y pone el foco en la esencia de los hechos: un presunto abuso de poder y de recursos públicos que ahora se encamina, inexorablemente, hacia el banquillo.