La denuncia por presunto acoso sexual y laboral presentada por una exconcejal del Partido Popular contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, ha destapado un historial de acusaciones similares por parte de la denunciante. Documentos oficiales revelan que la exedil ya había activado protocolos por acoso contra dos compañeros en el instituto donde trabajaba, casos que fueron investigados y finalmente desestimados.
Un patrón de denuncias previas archivadas
Los hechos se remontan a los años 2018 y 2020. Según los expedientes de los servicios de inspección educativa, la entonces profesora y futura concejal acusó en primer lugar al jefe de estudios del IES Gaspar Melchor de Jovellanos de Fuenlabrada. La denuncia, fechada en 2018, se basaba en que el docente supuestamente «se acercaba demasiado» y realizaba «comentarios verbales de contenido sexual».
Dos años más tarde, en 2020, la misma persona señaló al director del centro educativo por conductas que, a su juicio, podrían constituir «acoso psicológico o moral en el contexto profesional».
En ambos casos, la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid activó los protocolos correspondientes. Sin embargo, tras las investigaciones internas llevadas a cabo por los servicios de inspección, la conclusión fue la misma: se determinó que no existieron los ilícitos denunciados y los expedientes fueron archivados.
La instrumentalización de la justicia
Este historial de denuncias desestimadas arroja serias dudas sobre la naturaleza de la acusación actual contra el alcalde Manuel Bautista. La repetición de un mismo modus operandi, consistente en realizar graves acusaciones que posteriormente no pueden ser probadas ante los órganos competentes, sugiere una posible instrumentalización de los mecanismos de protección contra el acoso para fines ajenos a los que persigue la ley.
Mientras la justicia debe seguir su curso y garantizar la presunción de inocencia de todas las partes, el contexto revelado por estos antecedentes obliga a analizar los hechos con una perspectiva crítica, diferenciando la legítima defensa de los derechos de lo que podría ser una estrategia de desgaste político basada en acusaciones sin fundamento fáctico demostrado.