La operación para crear un gigante nacional de la defensa mediante la compra de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) por parte de Indra, una maniobra inicialmente bendecida por el Gobierno de Pedro Sánchez, se ha convertido en un laberinto de pugnas internas y serias dudas legales. Lo que hace meses parecía una operación estratégica de Estado, hoy es un campo de batalla donde la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el CEO de Indra, José Vicente de los Mozos, libran un pulso que paraliza el proyecto y evidencia las contradicciones del intervencionismo gubernamental.
Un ‘Golpe de Mano’ con Sello Estatal
Los cimientos de la actual parálisis se sentaron en junio de 2022. En una junta de accionistas de Indra que pasará a la historia del gobierno corporativo español, los tres principales accionistas —la SEPI (brazo industrial del Estado, con un 28%), SAPA y Amber Capital— actuaron de forma coordinada para destituir a cuatro consejeros independientes. Esta maniobra, calificada por muchos como un ‘golpe de mano’, eliminó cualquier voz crítica en el consejo de administración, dejando el camino libre para que el Ejecutivo pudiera dirigir las decisiones estratégicas de la compañía sin contrapesos. Sin embargo, aquella demostración de fuerza es hoy el origen de muchas de las complicaciones legales que afronta la operación.
La Pugna Robles-De los Mozos Paraliza la Operación
El principal escollo actual es el enfrentamiento directo entre Margarita Robles y José Vicente de los Mozos. Según fuentes del sector, la ministra de Defensa se opone a la fusión por los problemas legales que podría acarrear y por la previsible pérdida de competencia y calidad en el sector, un riesgo inasumible en el actual contexto de rearme europeo. Robles defiende la necesidad de mantener un ecosistema de empresas diverso que compitan entre sí para garantizar la mejor tecnología para las Fuerzas Armadas.
En el otro lado, De los Mozos cuenta con el respaldo de figuras clave en Moncloa, como Manuel de la Rocha, secretario general de Asuntos Económicos. Esta división en el seno del Ejecutivo ha llevado la situación a un punto muerto. Recientemente, De los Mozos sugirió públicamente que la solución pasaría por la salida de Ángel Escribano del consejo de Indra para mitigar el evidente conflicto de intereses. No obstante, en una reunión privada, el CEO de Indra habría derivado la responsabilidad de ejecutar tal movimiento a la SEPI, afirmando que esa «cuestión tan delicada correspondía a la SEPI como primer accionista», según informó El Confidencial. El Estado, por tanto, se ve atrapado en una red que él mismo tejió.
Incertidumbre y un Negocio de 2.000 Millones
Mientras las luchas de poder continúan, la familia Escribano podría embolsarse cerca de 2.000 millones de euros con la operación, ya sea en efectivo, en acciones de Indra o una combinación de ambas. Este enorme interés económico explica la resistencia de Ángel Escribano a ceder su puesto.
La paradoja es total: el Gobierno que impulsó la toma de control de Indra para forzar una fusión estratégica es ahora incapaz de gestionarla. Las denuncias de accionistas minoritarios ante la CNMV por conflicto de intereses y la caída del valor de Indra en bolsa son el resultado directo de una intervención que ha generado más problemas que soluciones. El Ejecutivo de Sánchez, que buscaba proyectar una imagen de control y planificación industrial, ha terminado exponiendo sus propias divisiones y su falta de rigor jurídico.