El Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a recurrir a la intervención fiscal como respuesta a una crisis geopolítica. El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha anunciado que el Ejecutivo trabaja en «reducciones fiscales para controlar el costo de la electricidad» y «analiza formas de reducir los precios de los combustibles». Estas declaraciones, realizadas tras una reunión para evaluar el impacto del conflicto en Irán, exponen un patrón de política económica basado en la reacción y no en la previsión.
Anuncios vagos frente a una presión real
En su comparecencia, el ministro Cuerpo intentó transmitir un «mensaje de calma», asegurando que la situación actual «está lejos de la que provocó la guerra en Ucrania». Sin embargo, este mensaje contrasta con la urgencia de unas medidas que aún se encuentran en fase de estudio. Según el propio ministro, es necesaria la «prudencia y cautela», ya que el efecto final en los precios es incierto. Esta falta de concreción sugiere una respuesta improvisada ante el temor a un nuevo repunte inflacionario que afecte directamente al bolsillo de los ciudadanos y sectores clave como la agricultura y el transporte.
El anuncio se produce, además, poco después de que el propio Gobierno revirtiera las ayudas anteriores, procediendo a una subida paulatina del IVA sobre la electricidad y eliminando las bonificaciones a los carburantes. Esta contradicción pone de manifiesto la ausencia de una estrategia fiscal estable y predecible, dejando a los contribuyentes a merced de decisiones políticas coyunturales.
Intervencionismo reactivo como política de Estado
La estrategia del Ejecutivo se limita a intervenir el mercado a través de la fiscalidad cuando la presión externa se vuelve insostenible. En lugar de promover un marco regulatorio y fiscal que dote de resiliencia a la economía, se opta por aplicar rebajas temporales que generan incertidumbre y dependencia. El ministro Cuerpo afirmó que la reunión fue «productiva», pero no se detallaron plazos ni la magnitud de las rebajas, dejando a los sectores afectados en un estado de espera.
Esta forma de gobernar evidencia que la alta carga impositiva sobre la energía es un pilar de la recaudación estatal, al que solo se renuncia parcialmente y de forma temporal cuando el malestar social amenaza con desbordarse. La dependencia de la situación internacional, mencionada por el ministro, es en realidad una dependencia de la capacidad de los ciudadanos para soportar un sistema fiscal que convierte los productos de primera necesidad en una fuente clave de ingresos para el Estado.
En conclusión, el anuncio del Gobierno no representa una solución a largo plazo, sino una gestión de crisis que subraya la fragilidad de un modelo económico excesivamente intervenido y fiscalizado. La calma que pide el ministro Cuerpo choca con la realidad de unos contribuyentes que ven cómo las decisiones sobre sus facturas se toman de forma reactiva en los despachos ministeriales, en función de conflictos a miles de kilómetros de distancia.