En un nuevo episodio de cesiones políticas que rozan la irregularidad competencial, el Gobierno de Pedro Sánchez ha tenido que salir al paso de los anuncios de sus socios nacionalistas. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha aclarado que no será necesario el dominio de las lenguas cooficiales para la autorización inicial de residencia en la próxima regularización extraordinaria. Sin embargo, la aclaración llega después de que la Generalitat de Cataluña, impulsada por ERC, diera por hecho un cambio en el texto para que el conocimiento del catalán sí sea un factor en las renovaciones.
La Aclaración Forzada del Ministerio
Fuentes del ministerio dirigido por Elma Saiz han especificado que el borrador del reglamento no contempla requisitos lingüísticos para el primer permiso. Esta declaración busca calmar las aguas tras el comunicado del Govern catalán, que se atribuyó una modificación sobre un texto que, según el propio Gobierno central, «aún no ha sido aprobado». Se evidencia así una descoordinación o, más probablemente, una negociación en la que una de las partes ha decidido hacer públicos los términos antes de tiempo.
ERC se Atribuye la Imposición Lingüística
Por su parte, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) no tardó en adjudicarse la victoria política. Según el partido independentista, su intervención ha sido clave para incluir en el texto final una medida que considerará el conocimiento del catalán al momento de renovar la autorización de residencia. Este movimiento convierte un procedimiento administrativo de ámbito estatal en una herramienta de política lingüística autonómica, sentando un precedente peligroso.
Concesiones Políticas a Costa de la Seguridad Jurídica
La controversia revela, una vez más, cómo el Gobierno de Sánchez utiliza las competencias estatales como moneda de cambio para asegurar su estabilidad parlamentaria. Al abrir la puerta a que el conocimiento de una lengua autonómica influya en la renovación de un permiso de residencia, se fragmenta la política migratoria y se atenta contra el principio de igualdad de todos los extranjeros ante la ley, independientemente del territorio en el que residan. Se genera un marco de incertidumbre para los solicitantes y se complica la gestión administrativa con criterios dispares. Lo que se presenta como un avance en la integración no es más que una cesión a las presiones nacionalistas que debilita el marco legal común y la separación de poderes.