El cerco judicial se estrecha sobre la gestión del actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Un juzgado de Tenerife instruye lo que amenaza con consolidarse como un escándalo mayúsculo de su etapa como presidente de Canarias: la instalación de una gigantesca infraestructura de telecomunicaciones en terrenos de titularidad privada, dentro de un espacio natural protegido, y financiada con millones de euros de dinero público.
Un contrato millonario bajo sospecha
El Juzgado de Instrucción número 2 de Güímar (Tenerife) ha puesto el foco en un contrato aprobado en 2021, bajo el mandato del entonces presidente socialista Ángel Víctor Torres y su consejero de Seguridad, Julio Pérez. La investigación ha llevado a la imputación de los responsables de la empresa explotadora, Difusión de Telecomunicaciones de Canarias S.L., y ha exigido al actual Gobierno canario la entrega de toda la documentación relacionada con la licitación.
Atropello a la propiedad privada y al medio ambiente
La gravedad del caso reside en la flagrante ilegalidad de la ubicación. La macroantena fue instalada en el espacio protegido de Anocheza (Güímar), pero el desprecio por la ley fue más allá: se levantó sobre una finca particular sin el consentimiento de su legítimo propietario, ocupando una vasta extensión de terreno.
La infraestructura ocupa ilegalmente 65.500 metros cuadrados de suelo protegido, vulnerando los derechos de propiedad del titular del terreno y la normativa medioambiental vigente.
Ante este atropello, el dueño de la parcela interpuso una querella por presuntos delitos de estafa y falsificación documental contra la empresa explotadora y sus administradores. La defensa denuncia una total falta de «trazabilidad jurídica» en los documentos que supuestamente amparaban la ocupación.
La investigación judicial se centra en dilucidar si la adjudicación y la instalación de la antena constituyen delitos de estafa, falsificación documental y usurpación. La utilización de fondos públicos para una operación presuntamente ilegal agrava la responsabilidad de los cargos políticos que la autorizaron.
Negocio redondo: el contribuyente paga, el sector privado factura
La paradoja de esta operación es que el Gobierno de Torres no solo financió la infraestructura, sino que, según la denuncia, «se convirtió en un usuario de sus propias telecomunicaciones». Mientras el erario público sufragaba los costes, la antena se convertía en una fuente de ingresos para un entramado privado.
La justicia investiga a los empresarios Alfonso Paz Iglesias y Juan Luis Lorenzo porque la infraestructura no solo da servicio a la red de emergencias, sino que es utilizada por múltiples multinacionales de las comunicaciones, que pagan un alquiler a la empresa investigada.
- Empresas usuarias de la antena:
- Vodafone España SA
- Vodafone One S.A.
- Orange Espagne SAU
- Fibrespeed S.L.
- Wifi Canarias de Telecomunicaciones y Fibra SL
La Justicia actúa y la sombra se cierne sobre Torres
La magistrada Laura Cedrés ha citado como investigados a los responsables de la empresa Difusión y al representante legal de la UTE adjudicataria del contrato millonario. Además, la acusación ha solicitado medidas contundentes: una fianza de 2.500.000 euros y la intervención judicial de todos los ingresos que la empresa recibe por el alquiler de las instalaciones.
Este escándalo no se limita a la legislatura de Ángel Víctor Torres, ya que el juzgado también investiga los pagos efectuados por el actual Gobierno de Canarias, presidido por Fernando Clavijo. Sin embargo, el origen del contrato, la adjudicación de más de 6,5 millones de euros y la autorización política para operar en suelo protegido apuntan directamente a la cúpula del ejecutivo socialista de la época, acorralando al hoy ministro de Política Territorial de Pedro Sánchez.